El síndic de Compromís, Joan Baldoví, junto a la portavoz de vivienda en Les Corts Valencianes, Maria Josep Calabuig, y el portavoz valencianista en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi García, han expresado su preocupación por la situación del acceso a la vivienda en la ciudad y han cuestionado la gestión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la alcaldesa, Begoña Carrasco.
Joan Baldoví ha afirmado que “para los castellonenses ha sido muy difícil o imposible alquilar o comprar una vivienda y el PP no ha hecho nada al respecto, ni Mazón ni Begoña Carrasco”. Según ha explicado, el precio del alquiler en Castelló ha subido por encima de la media estatal, y el número de personas inscritas para acceder a viviendas de protección oficial se ha incrementado de 1.000 a 3.000 en dos años.
Por su parte, Maria Josep Calabuig ha señalado que “el Pla Vive de Mazón ha sido un fracaso absoluto”. La portavoz ha recordado que, según información del propio gobierno de Mazón, Castelló solo se ha adherido al plan sin que se haya avanzado de forma significativa ni por parte de la Generalitat ni del Ayuntamiento. Además, ha recordado que el presidente de la Diputación se ha comprometido a construir 10.000 viviendas públicas durante la legislatura en la Comunitat Valenciana, pero solo se ha ejecutado un 0,4% del objetivo, y en Castelló no se ha iniciado ninguna.
Ignasi García ha denunciado que el Ayuntamiento de Castelló ha perdido cinco millones de euros de fondos europeos destinados a viviendas de alquiler social. Asimismo, ha afirmado que “el PP ha renunciado a la inversión y ha preferido regalar terrenos públicos a promotores a través del Pla Vive, que se ha presentado más como un negocio para las constructoras”. Ha añadido que estas viviendas se han proyectado con precios alrededor de 200.000 euros, lo que, según García, las ha hecho inaccesibles para la mayoría de los jóvenes de la ciudad.
Ante esta situación, Joan Baldoví ha presentado la hoja de ruta de Compromís para abordar el problema. Ha explicado que, si gobiernan en la Generalitat y en el Ayuntamiento, declararán Castelló como zona tensionada para limitar el precio del alquiler y garantizar el acceso a la vivienda. Además, han propuesto crear un plan Edificant de vivienda pública, recuperar la figura del tanteo y retracto para rescatar viviendas de fondos buitres y aprobar una ley que permita a los ayuntamientos limitar o prohibir apartamentos turísticos cuando hayan afectado al acceso a la vivienda.
