La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a ocho años y seis meses de inhabilitación especial para cargo público al exalcalde del PP de Vila-real Juan José Rubert por un delito continuado de prevaricación administrativa en el denominado 'caso Piaf", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Además, la sentencia condena al exconcejal Ramón Tomás a siete años de inhabilitación por el mismo delito, y a Antonio Pons Dols, consejero de Piaf, "empresa condenada por la trama Gürtel de financiación ilegal del PPCV", que cumplirá otros ocho años y seis meses por cooperación necesaria.
"Después de 10 años de lucha para defender los intereses de Vila-real frente a las irregularidades y facturas falsas detectadas en la relación contractual con Piaf, la sentencia recibida hoy, y que estudian ya con detenimiento nuestros servicios jurídicos, avala que existió en nuestra ciudad una trama, una connivencia organizada entre una empresa, condenada por financiación ilegal del Partido Popular, y el gobierno municipal", ha señalado el alcalde de Vila-real, José Benlloch.
El primer edil ha indicado que el objetivo ha sido siempre defender los intereses de los vila-realenses, "evitar que de los bolsillos de la ciudad se pagara ni un euro que no correspondiera pagar". Según ha dicho, esta sentencia avala esta gestión y "será fundamental para seguir defendiendo los intereses de la ciudad con más fuerza en el caso de que se reactivasen los procedimientos judiciales que quedaron paralizados a la espera de la resolución del proceso penal".
En esta línea, Benlloch ha recordado que hay en estos momentos más de seis procedimientos judiciales paralizados por la investigación del caso Piaf.
CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO
"Ante la campaña de desprestigio y las acusaciones de caza de brujas y campaña política que hemos tenido que soportar todos estos años, el fallo de los magistrados demuestra que nunca ha sido así y que este Ayuntamiento y esta Alcaldía trabajan con seriedad con un objetivo único: defender a Vila-real por encima de todo", ha argumentado.
El caso Piaf arrancó en 2011, poco después de asumir Benlloch la alcaldía de Vila-real, cuando la apertura de una investigación administrativa permitió detectar varios paquetes de facturas de Piaf que no se correspondían con trabajos efectivamente realizados ni acreditados, ha señalado el Ayuntamiento
Estas comprobaciones llevaron al primer edil a anular el pago de las facturas, "buena parte de ellas endosadas por el exalcalde a un banco estando ya en funciones de su cargo". De esta manera, Benlloch evitó el desembolso de las arcas públicas de 600.000 euros en facturas falsas. "Ese ha sido siempre nuestro objetivo: que no se destine ni un euro de los vila-realenses a cuestiones que no corresponda pagar", ha concluido el alcalde de Vila-real.
