ASCER ha expresado su preocupación por la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica de recortar la retribución regulada a la cogeneración en el periodo 2026-2031, una medida que la patronal considera una “penalización” para el sector cerámico. Según la organización, la revisión planteada introduce un ajuste inesperado en el reconocimiento de costes —especialmente los relacionados con el CO₂— y mantiene parámetros obsoletos que no se ajustan a la realidad de las plantas. El impacto estimado supondría una reducción de unos 30 millones de euros al año, un 37,5% menos de la retribución actual.
La industria cerámica defiende que la cogeneración es una herramienta estratégica para producir electricidad y calor con alta eficiencia, reducir consumos y emisiones y reforzar la competitividad. En el sector existen actualmente 28 instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, pero ASCER alerta de que la acumulación de recortes, la falta de un marco claro de subastas y la ausencia de certidumbre regulatoria están poniendo en riesgo su continuidad. La organización presentará alegaciones antes del 24 de noviembre para reclamar un marco estable y predecible que evite un deterioro irreversible del sistema.
Además, el sector recuerda que el nuevo marco de subastas, imprescindible para renovar las plantas y optar de nuevo al régimen retributivo, se ha aplazado hasta 2026. Esto deja a numerosas instalaciones en una situación crítica, ya que el 37% de la potencia instalada alcanzará en 2025 el final de su vida útil regulatoria y dejará de percibir retribución. En este contexto, ASCER advierte de que esta “secuencia de agravios” pone en peligro la competitividad empresarial y la garantía de suministro, y reclama un mix energético diverso que asegure la independencia energética y la estabilidad industrial.
