En la primera sesión del juicio por el Caso Castor en Castellón han declarado los dos acusados y directivos de la empresa Escal UGS, adjudicataria del proyecto Castor. Son acusados, junto a la propia mercantil, de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Ambos han coincidido en declarar que se hubiese podido seguir inyectando gas en el almacén subterráneo, ubicado frente a la costa de Vinaròs, si no se hubiese decretado la paralización de la actividad.
El expresidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, ha reconocido que conocía la relación que podía haber entre la inyección de gas y la sismicidad, aunque ha apuntado que otros almacenes habían experimentado seísmos y seguían funcionando con normalidad. Del Potro ha añadido que la zona donde se ubicó el almacén subterráneo era la de menor peligrosidad de la península.
En la misma línea, el expresidente de la compañía defiende que los seísmos que registró el Observatorio del Ebro se localizaban a 15 kilómetros de Castor y a 20 kilómetros de Instituto Geográfico Nacional, por lo que no estaba claro que estuvieran conectados con Castor. Además, alega que ninguna sismicidad fue sentida por los ciudadanos mientras se estaba inyectando gas y que los niveles de presión establecidos por el Instituto Francés del Petróleo no se superaron.
Por su parte, el exconsejero delegado Martínez Dalmau ha apuntado lo mismo que el expresidente y ha añadido que se realizó un análisis de todos los riesgos, que además contó con auditorías "tremendamente exhaustivas" y que el yacimiento se comportó "muchísimo mejor" de lo esperado, pues la sobrepresión fue menor de la que establecían modelos conservadores.
Caso castor
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor frente a Vinaròs provocó más de 500 seísmos, resultando afectadas 123 personas que ahora reclaman a Escal cerca de 1,9 millones de euros por los daños morales producidos por la ola de pánico generalizado que se produjo.
Esta era la primera de las 11 sesiones del caso, que verá su conclusión e informe final el próximo 15 de noviembre. La acusación pública solicita una petición de seis años de prisión para cada uno de los dos procesados y una multa de 189.000 euros para la empresa acusada.
Mañana se celebrará una nueva sesión con la declaración de nuevos testigos. En total, se esperan 189 testigos, 6 testigos peritos y 35 peritos.
