La investigación policial surgió a finales de mayo, tras la quejas de varias personas receptoras de alimentos ante el órgano de control del 'Plan de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión Europea', dependiente de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, en las que avisaban de que en una ONG de Castellón les entregaban alimentos de forma irregular.
A los receptores de alimentos presuntamente les hacían firmar las notas de entrega en blanco, es decir, no figuraba lo que los usuarios recibían, bajo la amenaza de no recibir más alimentos si no lo hacían. Ante estas quejas, los agentes de la Policía Nacional y funcionarios del órgano de control administrativo para la entrega de alimentos realizaron una primera inspección a la asociación, donde intervinieron documentación y realizaron un inventario de alimentos.
Así, observaron que había una diferencia entre los datos que figuran en las fichas de almacén y los de las notas de entrega, las cuales deberían de reflejar las cantidades exactas de lo entregado a los usuarios finales.
Ante las diferencias contrastadas, posteriormente los policías realizaron un nuevo control sorpresa. Esta vez, además de intervenir actas en la asociación, se controlaron los alimentos entregados a los usuarios y las notas de entrega, donde se observaron "claras irregularidades".
Así, en la mayoría de los casos, las notas de entrega reflejaban más alimentos que los que realmente el receptor había retirado. Los agentes detectaron que, tras la primera inspección, se estarían rellenando las notas para intentar cuadrar el desfase entre éstas y el almacén, poniendo en los albaranes alimentos que ya ni siquiera estaban en la ONG.
Según la investigación policial, el reparto alimentario no se estaría haciendo según los requisitos que previamente se han tasado por los organismos oficiales, sino que se estaría realizando de forma "arbitraria", puesto que igual decían a un usuario que no podía recogerlos como que pasara por la asociación a por ellos.
En ocasiones, según la Policía, cuando los usuarios a los que les restringían el acceso a los alimentos se quejaron y amenazaron con ir "donde hiciera falta" a por los alimentos, llegaron a entregarles productos con el número de expediente de otra unidad familiar.
Ante estos hechos, los agentes procedieron a la imputación del presidente de la asociación, un hombre de nacionalidad colombiana de 46 años, como presunto autor de un delito de estafa y falsedad documental, y, posteriormente a la detención de cinco de sus colaboradores, tres mujeres y dos hombres, como presuntos autores de los mismos delitos.
Además, al responsable de la ONG también se le imputan unas amenazas vertidas sobre una de las mujeres que denuncio los hechos tras supuestamente conocer éste la denuncia interpuesta. La investigación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
