La trama disponía de un grupo de 30 empresas ficticias y sin actividad laboral real, constituidas a nombres de “testaferros” procedentes de sectores marginales y de exclusión social.
Los contratos de trabajo fraudulentos eran ofrecidos a ciudadanos extranjeros a cambio de 500 euros, lo que les permitía solicitar o renovar el Permiso de Trabajo y Residencia. En muchos casos, el fraude permitía a los “trabajadores” acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos o completarlos, para obtener las preceptivas prestaciones por desempleo.
Se ha detenido a un total de 48 personas que habrían ocasionado un fraude de 300.000 euros a las arcas del Estado. En Castellón han sido 8 las personas detenidas. Todas ellas en situación administrativa totalmente regular, a quienes se les imputan los presuntos delitos de falsedad documental, estafa y contra la Seguridad Social.
