El Ministerio de Igualdad no descarta la creación de una alerta que informe de forma automática a los juzgados de familia de los casos en los que existe una orden de alejamiento, evitando así que ocurran crímenes machistas como el del niño de 11 años de Sueca.
Pese a ello, la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha descartado obligar por ley a los órganos judiciales acceder al sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), puesto que existe el "deber de diligencia debida" que permite a los profesionales del sector darse de alta y tener acceso a las plataformas de información.
Por otro lado, Asociaciones feministas y de atención a víctimas de violencia de género han exigido a las administraciones y a la justicia una serie de "compromisos" y medidas concretas para hacer frente a la violencia vicaria y contra las mujeres y han reivindicado la necesidad de "mejorar la coordinación" entre juzgados para prevenir y "dar respuesta" a este tipo de situaciones.
Así lo han trasladado a la Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en una reunión en la que han analizado el caso del menor asesinado por su padre en Sueca, y donde Bravo ha propuesto abrir una agenda de trabajo para marcar una serie de reuniones mensuales para "contribuir a la mejora de todos los recursos de la administración de Justicia".
