Aprobar una amnistía a quienes proclamaron la independencia de Cataluña, sin arrepentimiento y con el apoyo en el congreso de los propios involucrados, es un hecho. Hacerlo con las críticas de juristas, asociaciones de jueces y fiscales, e incluso con el Consejo General del Poder Judicial con objeciones públicas, no es algo que importó demasiado. Tampoco supuso un problema hacerlo retractándose de lo que el propio presidente había dicho que no iba a hacer justo antes de las elecciones, ni siquiera haberlo hecho por 7 votos que necesitaba para gobernar, aun habiendo perdido las elecciones.
También es un hecho los indicios razonables del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el conflicto de intereses en el rescate de Air Europa, donde se ve involucrada la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Y es una realidad también la caja de Pandora del caso Ábalos, ex mano derecha de Pedro Sánchez, imputado por comisiones ilícitas y alejado mágicamente del círculo del presidente para procurar un cortafuegos. Lo mismo que acaba de suceder con Santos Cerdán, el número tres del PSOE, quien se ha hartado de dar lecciones de ejemplaridad, hasta que la UCO lo ha situado como el coordinador de una organización criminal desde la cúpula de su partido.
Además, es un hecho que el hermano del presidente fue imputado por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, por supuestamente haber sido beneficiado con un puesto de trabajo del que él mismo reconoció no saber ni dónde estaba su oficina. Y también es un hecho, la imputación histórica del fiscal general del estado Álvaro García Ortiz, quien se niega a dimitir ante los sobrados indicios de su delito de revelación de secretos tras filtrar un correo privado por intereses políticos e inducido por la presidencia.
Y es constatable también que el gobierno estira como un chicle una explicación que le convenga sobre el apagón general del 28 de abril, cuando la inmensa opinión de los expertos apunta a un fallo en el mix energético a causa de un uso inadecuado de las energías renovables, clara apuesta de esta presidencia que condena la necesidad de las centrales nucleares.
Las escuchas hechas públicas de la militante socialista, Leire Díaz, buscando fórmulas para chantajear a miembros de la UCO, no solo asombraron a la opinión pública, sino que también sonrojaron a propios y extraños dentro del partido socialista. Mucho más cuando, prejuzgando que los españoles tienen algún retraso mental, se excusó afirmando que no era lo que parecía, porque en realidad no era fontanera de las cloacas, sino periodista y escritora, sin ninguna publicación, por cierto.
Nada de todo esto ya me asombra. Esta sucesión de acontecimientos forma parte de una manera de gobernar, de una forma de resistir. La oratoria de los voceros presidenciales solo tiene el argumento del fango, la extrema derecha, la corrupción del PP, los jueces prevaricadores y, por su puesto, siempre es conveniente sacar a pasear a Franco o a Isabel Díaz Ayuso una vez por semana. Sin embargo, nada de esto me sorprende. La ridícula estrategia de negarlo todo o de mantenerse al margen de los graves casos de corrupción, solo prolonga la falta de dignidad de quienes no asumen responsabilidades. ¡Allá ellos! Lo que realmente me maravilla es la impunidad que tienen para engañar y de qué manera todos sus terminales mediáticos callan, maquillan o niegan la realidad. Me resulta más que sorprendente que se acepten las mentiras sabiendo que son mentiras y que se legitimen por un bien mayor: que gobiernen aquellos que me convienen, aquellos que cuentan con mi simpatía, más allá de cualquier imparcialidad.
Será fácil decir ahora que no lo conocían, que no lo sabían, que ellos no fueron y, cuando caiga su líder con pies de barro, negarán a Sánchez más de tres veces antes de que cante el gallo.
Es hora de una regeneración democrática, amigos, pero de verdad. Comenzaría por el manual de buenas formas que condene sin reparos la mentira, la cual se debe convertir en irreparable cuando quede desnuda ante la realidad, ya la haya dicho Mazón, ya la haya dicho el presidente Sánchez. Quienes mienten deben ser amonestados por la opinión pública y por el sistema, y en ningún caso legitimados por intereses que demuestran que, lamentablemente, los españoles pueden llegar a ser borregos… o fanáticos.
