Los detenidos están acusados de ser los presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude a las prestaciones de la Seguridad Social, según ha informado este domingo la Policía Nacional. La organización estaba compuesta por una red de empresas coordinadas por un bufete de abogados que se anunciaba como especialista en conseguir permisos de residencia para extranjeros que se encontraran en España.
La captación de clientes se realizaba a través de varios medios de difusión y de anuncios insertados en portales de empleo, en los que el líder de la organización divulgaba ofertas de empleo para un perfil específico de origen extranjero, preferiblemente de América del Sur o China, para captar inmigrantes en situación irregular.
Una vez pasaban a formar parte de la empresa, cobraban grandes sumas de dinero a los clientes, beneficiándose de la mitad de los ingresos. El bufete de abogados daba la engañosa apariencia legal de los servicios y realizaba contratos de trabajo, la gestión de empadronamientos por cantidades de entre 150 y 300 euros, u otro tipo de trámite destinado a obtener documentación en el territorio nacional. Durante la investigación, el bufete participó en los 18 contratos ficticios realizados hasta el momento por parte de sus empresas.
FASES
La investigación se ha desarrollado en dos fases. La primera culminó con siete detenidos, cinco en la provincia de Valencia y dos en Alicante, por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales. Asimismo, hubo un investigado no detenido por estas mismas tipologías delictuales, mientras que se realizaron tres entradas y registros -dos en la provincia de Valencia y uno en la de Alicante- y se intervenieron 2.000 euros en efectivo, documentos relacionados con la investigación y material informático.
La segunda fase ha concluido con ocho detenidos, cinco en la provincia de Valencia y tres en la de Alicante, por delito de fraude a prestaciones de la Seguridad Social. Los detenidos son ciudadanos extranjeros en situación irregular que estaban directamente relacionados con la organización criminal y pretendían regularizar su estado obteniendo documentación que les permitiera trabajar, para lo que pagaban una elevada contraprestación a la organización con pleno conocimiento de su ilegalidad, lo que se supone defraudar a la Seguridad Social.
