La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha incoado este miércoles 11 de febrero diligencias previas para investigar la adjudicación de viviendas de protección pública en una urbanización de la ciudad, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.
La magistrada ha adoptado esta decisión tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, que fue presentada la pasada semana por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra nueve personas, entre ellas la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, una exdirectora general y otros empleados municipales.
La instructora ha ordenado recabar los procedimientos abiertos en la Fiscalía de Alicante en virtud de diversas denuncias formuladas ante esa institución a fin de unificar en el procedimiento judicial todas las acciones legales en torno a los mismos hechos para tener un conocimiento íntegro y darles la correspondiente tramitación procesal.
Cabe recordar que a la Fiscalía Anticorrupción acudieron para presentar denuncia tanto el equipo de Gobierno del PP como el Grupo Municipal Socialista.
