El Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) han firmado este lunes un acuerdo pionero para atajar el creciente problema de las viviendas turísticas ilegales en la capital. Gracias a esta alianza, los administradores de fincas se convierten en agentes esenciales para identificar y comunicar posibles infracciones urbanísticas en comunidades de propietarios.
El convenio, rubricado en el Palacio de Cibeles con la presencia del delegado de Urbanismo, Borja Carabante, y la presidenta del CAFMadrid, Manuela Julia Martínez Torres, forma parte del despliegue del Plan RESIDE, que busca ordenar la convivencia entre vecinos y visitantes turísticos. Los administradores colegiados difundirán información clave y entregarán cartas personalizadas a los propietarios según el estatus legal de su vivienda turística: desde quienes tienen declaración responsable pero no licencia municipal, hasta aquellos sin ningún tipo de permiso.
“El objetivo es claro: frenar la actividad ilegal y preservar la calidad de vida en los edificios residenciales”, ha señalado Martínez Torres, destacando la utilidad de contar con un canal directo entre administración y ciudadanía.
Las sanciones no son menores: hasta 100.000 euros en casos de reincidencia. Solo en 2024, se impusieron 92 multas y se logró restablecer la legalidad en 251 inmuebles, un 82% más que el año anterior. La Agencia de Actividades compartirá con CAFMadrid listados de viviendas irregulares, facilitando así la labor de notificación y seguimiento.
Ambas entidades mantendrán reuniones semanales para evaluar la eficacia del plan y reforzar su impacto. El Ayuntamiento insiste en que esta colaboración institucional es clave para proteger el uso residencial de los edificios y garantizar la convivencia.
