Casi un año después de anunciar el Grupo Parlamentario del PP su creación, la comisión de investigación que ha tratado de aclarar si hubo trato de favor de la Universidad Complutense a Begoña Gómez echa el cierre con la aprobación de su dictamen. VOX lo apoyó aunque posteriormente solicitó que se incluyera un voto particular al entender que el presentado por los populares no estaba completo. Sin embargo la mayoría en la Mesa del PP lo impidió, lo que llevó a esta formación a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
La comisión arrancó con la comparecencia de la propia Begoña Gómez. Y ahora concluye que la creación de la cátedra "se trató de una operación diseñada para colocar a Begoña Gómez en una posición académica de prestigio que no le correspondía ni por formación, ni por vinculación laboral con la universidad, ni por experiencia académica" y pone el foco en la asesora Cristina Álvarez y su involucración en "tareas académicas propias de la universidad", lo que supondría un "uso indebido de recursos públicos estatales con fines personales y un desvío de fondos públicos a destinos distintos de los originales".
FISCALÍA Y JUEZ PEINADO
El dictamen será ahora remitido a la Fiscalía y al juzgado del juez del caso. De la primera dicen no fiarse los populares tras la imputación de Álvaro García Ortiz en la filtración de la defensa de la pareja de la presidenta regional. De ahí que el portavoz del grupo en la Asamblea haya avanzado la posibilidad de encontrar la herramienta legal para que las conclusiones lleguen al juez Peinado.
El escrito de conclusiones del PP incluye, como recomendación al juez Peinado que rastree la huella digital del software de la cátedra de Gómez, investigada por la presunta apropiación indebida de ese programa, que estiman los populares tiene un valor de más de 400.000 euros y debió quedar en propiedad de la UCM.
