La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, plantea al Gobierno un cambio en las leyes que combaten la "okupación". El pasado año 2021, las denuncias por este delito se vieron incrementadas en un 24,25% respecto a 2020. Díaz Ayuso ha remarcado la importancia de reducir las cifras y solucionar de manera inmediata el crecimiento de la "okupación".
Como medida complementaria a las medidas ya existentes, la comunidad lanzó una aplicación, con la colaboración del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, que actúa como vía de contacto entre la policía y el propietario de la vivienda "okupada". Este año también se llevará adelante el proyecto de la "Oficina de la Okupación", en la que afectados por este tipo de delito podrán acudir para obtener asesoramiento.
Los "tres artículos" problemáticos
Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, anunció en un desayuno del Fórum Europa la necesidad de una modificación en el Código Penal. Hasta este momento, los propietarios de una primera vivienda deben demostrar que el "okupa" ha accedido ilegalmente a la vivienda, y que no han cedido su uso. Desde el Gobierno madrileño proponen un desahucio inmediato.
También plantean el desalojo de aquellos que no presenten algún título o documento que acredite que el propietario ha consentido que resida en la vivienda. Por ello, todo aquel que no tenga la capacidad de justificar su presencia en el hogar dispondrá de 48 horas para presentarlo antes de ser expulsado.
Basándose en la gravedad de la situación en diferentes municipios de la localidad, los puntos de la Proposición de Ley también contemplan la dotación de competencias a los ayuntamientos. Gracias a esta propuesta, serían las propios concejos los que podrían tomar medidas contra la "okupación".
¿Cuáles son las provincias con peores datos de "okupación"?
El número de ocupaciones ilegales de viviendas se ha visto multiplicado por cinco en la última década. En 2021, este tipo de delitos ascendió hasta los 17.274 casos. Existen provincias con un mayor número de "okupaciones" que otras. Las que amasaron más denuncias el año pasado son:
- Barcelona (5.483)
- Madrid (1.660)
- Girona (976)
- Valencia (960)
- Sevilla (777)
- Tarragona (643)
- Murcia (628)
- Alicante (595)
- Baleares (509)
- Toledo (485)
- Málaga (429)
