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El Ayuntamiento de Madrid aprueba en solitario el Plan Económico y Financiero que se excede en 127 millones del techo de gasto

Ahora Madrid ha aprobado en solitario y con la abstención del resto de los grupos un nuevo plan económico financiero (PEF) para mostrar su solvencia ante el Ministerio de Hacienda en el que propone inmovilizar 127 millones de euros y vender suelo público por valor de entre 100 y 159,9 millones.

ondacero.es

Madrid |

El documento que Madrid remitirá a Hacienda prevé asimismo el cumplimiento de la regla de gasto en 2017 en 301.838 euros y en 2018 en 151.823 euros, según la memoria de este plan a la que ha tenido acceso Efe. Se trata del segundo PEF que el Consistorio remite al Ministerio de Cristóbal Montoro tras el rechazado en abril de este año, donde el Ayuntamiento justificaba el incumplimiento en 2016 de la regla de gasto en 233 millones de euros. Según el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, el PEF aprobado no hará recortes al inmovilizar 127,7 millones sino que utilizará "todos los mecanismos legales oportunos para que no se produzca ningún tipo de deterioro en las políticas públicas".

Para el edil, este documento es la "constatación" de que el equipo de Gobierno "seguirá por la senda de la legalidad sin renunciar a las políticas públicas" a las que se ha comprometido con la ciudadanía y con el PSOE-M, su socio de investidura, que hoy no respaldado al Ejecutivo por su "falta de previsión" y "mala gestión". La edil socialista Erika Rodríguez ha rechazado la venta de suelo público, industrial, que figura en un PEF que, prevé, no gustará al Ministerio, y también la inmovilización de 127,7 millones, que sí considera "recortes" de los que responsabiliza a PP y a Ciudadanos.

De la necesidad de un tercer PEF en lo que va de legislatura, Rodríguez culpa a partes iguales a la actitud "injusta" de Hacienda y a la actuación del delegado, que "ha dejado mucho que desear", a juicio de la edil. Los socialistas madrileños han defendido una vez más que las cuentas municipales están saneadas, al existir superávit y ajustarse las partidas de gasto a los ingresos recibidos, pero han criticado la falta de negociación con los grupos y la "insumisión" de Sánchez Mato. "No nos pida acompañarle a ninguna batalla si su mala gestión nos va a llevar a aceptar falacias austericidas", ha afirmado la edil dirigiéndose al delegado.

El PP ha atribuido a su "responsabilidad política" su abstención. Los 'populares' no quieren dar a Sánchez Mato una "coartada perfecta para seguir haciendo el ejercicio de victimismo que nos ha llevado a esta situación", ha asegurado en Pleno Íñigo Henríquez de Luna. Según el PP, el plan aprobado hoy no pertenece a Sánchez Mato, sino a la alcaldesa Manuela Carmena, por lo que lo denominan 'Plan C'. La regidora ha "decidido intervenir la concejalía de Hacienda", ha dicho el portavoz adjunto del PP en el Consistorio. El PP denuncia además que el PEF contiene "falsedades que no se cree ni un niño de primaria", como la previsión de tener 700 millones de euros en remanente de tesorería.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo ve este PEF "sensiblemente" "mejorado" respecto a los dos anteriores, que "no tenían un pase" pero ha expresado las dudas de su grupo respecto a que Hacienda le dé el visto bueno. De ser rechazado, Madrid sufrirá multas millonarias y al Consistorio podrían llegar "los hombres de negro", ha advertido Redondo, que cree que Sánchez Mato está "incapacitado" para negociar con Hacienda. De "paladines del incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria" tanto en la Administración Central como en la Comunidad de Madrid ha definido Sánchez Mato a PP y a Ciudadanos.

Madrid cumple con sus deberes y con una ley que rechaza, ha asegurado el concejal, que defiende que los grupos que intentan "sabotear la acción pública" quedarán "en evidencia". Durante este ejercicio Madrid ha inmovilizado de sus cuentas anuales 238 millones de euros a petición de Hacienda, partidas que ha sufragado a través del remanente de tesorería del año anterior mediante modificaciones de crédito que el Gobierno central impugna.