La sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en la capital vallisoletana ha sido el escenario donde la Junta Directiva del colectivo ecologista la Braña, encabezada por su presidente, Aurelio González, mantuvo un encuentro con el Director General de Patrimonio, el Sr. Juan Carlos Prieto Vielba. En esta reunión también estuvo presente Silvia Escuredo Hogan, Jefa del Servicio de Ordenación y protección del patrimonio de la Consejería.
Los conservacionistas presentaron a ambos responsables de la Junta de Castilla y León las diversas amenazas en forma de centrales eólicas, solares, estaciones eléctricas y torres y cableados, que se ciernen sobre la Montaña Palentina en estos momentos, así como su afección al patrimonio cultural de la zona donde diversas empresas quieren instalarlos.Tanto el Director General como los ecologistas coincidieron en que este tipo de industrias supondrían un golpe mortal para diversos yacimientos arqueológicos y serían un freno para la declaración como Patrimonio de la Humanidad del Románico palentino o para espacios que ya cuentan con el reconocimiento mundial como el Geoparque de Las Loras. Y es que, estudiar, rehabilitar, conservar y poner en valor el inmenso conjunto de templos románicos (el mayor del mundo) que se está llevando a cabo desde hace décadas y que tantos puestos de trabajo crea, no es compatible con unos polígonos eléctricos que no crean trabajo y que rompen el paisaje y chocan abiertamente con los valores patrimoniales de la Montaña Palentina y con un turismo que se vería gravemente perjudicado.
Las tres centrales eólicas y las tres macrosolares que afectarían a los municipios de Cervera de Pisuerga, Dehesa de Montejo, Salinas de Pisuerga, Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán y Brañosera son las que han recibido alegaciones por parte de La Braña y de un numeroso grupo de colectivos y asociaciones de todo tipo, y que a su vez, y dada la alarma social creada, han originado la creación de la Mesa Eólica de la Montaña Palentina con el fin de canalizar todas las acciones legales que pudieran darse si estos proyectos no son anulados por la Junta de Castilla y León. El Director General manifestó que desde la Consejería de Cultura se emitirían todos los informes negativos que fueran necesarios para defender el patrimonio cultural de esta comarca. También ambas partes coincidieron en que los ayuntamientos y especialmente los alcaldes afectados, deben manifestarse claramente y decidir si quieren cambiar su modelo de desarrollo actual por otro basado en la industria eléctrica, porque lo que está claro es que ambos son incompatibles.
