El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha autorizado el comienzo del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, situada en la provincia de Burgos.
A través de un comunicado difundido desde Miteco, señalan que la orden ministerial también autoriza la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor a Enresa, lo que sucederá en los próximos días para que puedan comenzar las obras sobre el terreno. Además, destacar que el Ministerio de Transición Ecológica, a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), colabora desde 2020 con los 27 municipios afectados por el cierre de la instalación, y ya ha destinado 7,7 millones a financiar 12 proyectos municipales.
Garoña, situada en el Valle de Tobalina, cuenta con una potencia instalada de 466 MW. La central se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, con el comunicado de Nuclenor al Ministerio de Industria, Energía y Turismo de no seguir explotándola. En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación. Dado que éste no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, Nuclenor solicitó la renovación de la autorización en mayo de 2014. Finalmente, en agosto de 2017 el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital le denegó esta solicitud.
Un proyecto en dos fases
En ese momento, Enresa comenzó a preparar el desmantelamiento en un proceso de dos fases, con un presupuesto –sin tener en cuenta la gestión del combustible gastado– de 475 millones. Se prevé que las labores abarquen hasta 2033 y que participen hasta 350 personas al mismo tiempo.
En la Fase 1 (de 2023 a 2026) se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se modificarán los sistemas e instalaciones necesarios para la gestión de los residuos resultantes. Simultáneamente, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central. Una vez finalizado este proceso, en la Fase 2 (de 2027 a 2033), ya con el combustible en el ATI, se desmantelarán los edificios de carácter radiológico, continuando con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para concluir con la restauración del emplazamiento.
La autorización que permite este desmantelamiento llega después de que el proyecto se sometiera a información pública entre marzo y abril de 2021, de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiese un informe favorable el pasado mes de mayo, y tras obtener la declaración de impacto ambiental con las condiciones ajustadas a este proyecto.
