El sector agrario celebra la sentencia que anula la prohibición de la Junta de cosechar dos días de julio de 2021 y abre la puerta a indemnizaciones millonarias.
APAG, Asaja Castilla-La Mancha y la Asociación de Trabajadoras de Máquinas Cosechadoras (ATAMACO) han valorado muy positivamente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Albacete que anula la resolución firmada por el que fuera viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Fernando Marchán y respaldada por el entonces consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que obligó a parar durante los días 11 y 12 de julio de 2021 las labores de cosecha en toda la región de 12 a 20h como medida de prevención de incendios forestales.
Consideran el fallo como un espaldarazo jurídico.
El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha puesto de manifiesto que 5 magistrados les hayan dado la razón y ha destacado que la sentencia avala que la Junta no era competente para tomar esa medida.
Esta sentencia -que es susceptible de recurso por parte de la Junta- resuelve cuatro años después el recurso contencioso-administrativo presentado por APAG y Asaja Castilla-La Mancha considerando que las medidas adoptadas no se encuentran previstas entre las reguladas para su aplicación durante las campañas de prevención de incendios forestales.
Juan José Laso, presidente de APAG, señala que "se ha demostrado que fue una gestión imprudente, irresponsable, carente de talento y sin ningún inteligencia atentando atacando a los intereses profesionales de los agricultores y los ganaderos de esta de esta provincia y de esta región".
La sentencia abre la puerta a la reclamación de daños patrimoniales.
El presidente de la Asociación de Trabajadoras de Máquinas Cosechadoras (ATAMACO), Félix Andrés, ha explicado que según los cálculos que ha realizado entre sus socios, estima unos 650.000 euros en pérdidas por esos dos días de julio de 2021, pero apunta a que sería una cantidad mucho mayor si se incluyen a los que no son miembros de la asociación.
"Llevamos cinco años sufriendo estas consecuencias si esto lo multiplicas por cinco años y por la gente que no está en nuestra asociación y gentes que no están asociados sería una cantidad importantísima".
Los daños económicos ocasionados por estos dos días de parada superarían los 2 millones de euros en la región.
Las organizaciones exigen ahora diálogo real a la Junta. Han pedido a la actual consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, "abrir una fase basada en el diálogo y el consenso", frente a un modelo previo que califican de "ordeno y mando". Y han advertido de que a partir de ahora acudirán a los tribunales ante cualquier medida que afecte a sus intereses.
