El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, se ha mostrado "sorprendido" tras conocerse que el Juzgado de lo Social número 2 ha ordenado embargar cualquier prestación económica que perciba o pueda percibir la vicepresidenta quinta de la institución, la diputada de Vox Patricia Saldaña, para hacer frente a una deuda de 33.302,98 euros derivada de una sentencia por despido improcedente de una trabajadora en un negocio que regentaba.
A preguntas de los periodistas en un acto público después de que La Tribuna de Ciudad Real publicara la información, Valverde ha asegurado que está "tan sorprendido como sorprendente es la noticia publicada", señalando que desconoce si los servicios de personal de la Diputación tenían ya constancia de la directriz judicial para ordenar algún embargo sobre los emolumentos de la diputada.
En este sentido, ha subrayado que se trata de una situación anterior al desempeño de Saldaña como diputada provincial y vinculada a su actividad privada antes de acceder al cargo.
El presidente provincial ha indicado que, si existe alguna instrucción judicial que obligue a aplicar medidas sobre la nómina de la vicepresidenta, la institución actuará conforme a la ley, como hace con otros casos que llegan al departamento de Recursos Humanos y afectan a trabajadores que puedan verse envueltos en situaciones similares.
Saldaña debe abonar más de 33.000 euros
Según la información publicada por el periódico ciudadrealeño, el procedimiento judicial reclama a Saldaña 28.959,12 euros correspondientes a la indemnización por el despido y 4.343,86 euros en intereses y costas provisionales.
El embargo se aplicará sobre cualquier ingreso procedente de la Diputación hasta cubrir la totalidad de la responsabilidad fijada por el tribunal.
La resolución está vinculada a hechos ajenos a la actividad institucional de Saldaña, ocurridos cuando regentaba una tintorería en Ciudad Real y una de sus trabajadoras denunció reiterados retrasos en el pago de nóminas entre diciembre de 2023 y agosto de 2024.
La sentencia determinó el despido improcedente después de que la diputada no acudiera al juicio, lo que llevó al tribunal a considerar probados los retrasos acreditados por la empleada.
