El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha advertido este lunes de que el barrio de San Martín de Porres de la capital "no debe convertirse en una Cañada Real" y ha defendido que las administraciones "tienen que abordar la situación con responsabilidad, colaboración y sin ruido".
Broceño, a preguntas de los periodistas, ha negado que haya existido un conflicto entre la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Ciudad Real, ha asegurado que "no ha habido ningún problema" y que la Subdelegación simplemente ha trasladado al Consistorio un informe que la Policía Nacional ha remitido hace cuatro meses tras una operación en el barrio.
En aquel dispositivo, los agentes han constatado no solo problemas de seguridad, sino también construcciones ilegales, viviendas en estado "desolador" y aparición de nuevas chabolas, y ha explicado que la Policía consideró necesario elevar la situación al Ayuntamiento porque eso es "lo leal y lo que marca la Ley 40/2015", que obliga a la cooperación institucional.
El subdelegado ha señalado que durante los últimos cuatro meses el Ayuntamiento no ha contactado con la Subdelegación para coordinar actuaciones y que, en cambio, ha acudido en distintas ocasiones a los medios de comunicación para hablar de seguridad, ante lo que ha manifestado que "no ha sido la mejor práctica; lo que debemos hacer es colaborar y actuar con lealtad".
Sobre las ocupaciones, ha defendido que en Ciudad Real "han sido mínimas" y que no se pueden vincular a un aumento de delincuencia, ya que la provincia "se ha mantenido como una de las más seguras de España".
El subdelegado ha declarado que no quieren que "a dos minutos del centro se forme un gueto", y ha insistido en que la Policía Nacional ha trabajado de manera continuada en el barrio.
Respecto a las edificaciones en ruinas, ha indicado que ahora corresponde a los técnicos municipales "determinar con responsabilidad" qué actuaciones deben adoptarse, incluida la posible demolición, y ha replicado, a preguntas de los medios, que en el barrio existen viviendas propiedad de la Junta de Comunidades, que ha conocido igualmente la situación.
Finalmente, ha confiado en que la reunión de este lunes sirva para reconducir la coordinación entre Ayuntamiento, Junta y Gobierno central.
