Los dos detenidos captaban a personas en situación de desempleo que no cobraban ningún tipo de prestación o subsidio porque no cumplían con el requisito de un periodo mínimo de cotización. Posteriormente, les ofrecían un contrato, que no estaba amparado en una relación laboral real, y les deban de alta en la Seguridad Social.
Una vez que los trabajadores reunían los requisitos para poder acceder a prestaciones o subsidios, presentaban la documentación en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Por otra parte, el empresario cobraba las ayudas destinadas a crear oportunidades de inserción en el mercado laboral mediante la contratación de desempleados en Castilla-La Mancha.
La empresa que utilizaban para cometer los delitos recibió subvenciones públicas y prestaciones por valor de 18.667 euros, si bien el perjuicio causado a la Seguridad Social es mayor, puesto que a esta cantidad habría que sumar la defraudación cometida por cada uno de los supuestos "trabajadores".
Los hechos fueron investigados por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Ciudad Real, encargada de investigar y luchar contra los delitos relacionados con la trata de seres humanos, inmigración irregular y contra los derechos de los trabajadores, contando para ello, con agentes especializados en la investigación de estos delitos.