El Tribunal ha suspendido el juicio sin una nueva fecha establecida, aunque el presidente, el juez Ignacio Cobo, ha dicho que en 5 o 6 meses se podría señalar de nuevo la vista oral.
En cualquier caso, el juez ha indicado que debido a las cuestiones previas planteadas, se responderá a todas ellas y por lo tanto se suspende el juicio. Dejando claro que dicha suspensión no es atribuible al Tribunal.
Las defensas de los 3 acusados han planteado varias cuestiones previas, como que se excluya del juicio a la acusación popular, representada por Izquierda Unida y Partido Popular, ya que consideran que es extemporánea.
También han solicitado la transcripción de las declaraciones que durante el procedimiento judicial han realizado los acusados y testigos.
Mientras, la acusación popular rechazaba la petición de las defensas de que esta parte fuera excluida de la vista oral.
Por su parte, la fiscalía se mostraba en contra de las cuestiones previas planteadas y consideraba que no era necesaria suspender el juicio.
Recordar que el Ministerio Fiscal pide para los tres acusados 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por cometer un delito de prevaricación administrativa.
Una pena que incrementa la acusación popular a más de 20 años de inhabilitación, además de 7 años de cárcel para el ex alcalde, 9 para el arquitecto técnico y 10 para el secretario municipal. Y es que la acusación popular considera que, además de la prevaricación, los acusados también han cometido los delitos de falsedad documental y tráfico de influencias.
Mientras, las defensas solicitan la libre absolución de sus clientes.