Sanidad

30,9 millones para el servicio de limpieza y desinfección de los centros sanitarios de la GAI de Albacete

Los trabajos incluyen además la desinfección, desratización, desinsectación y lavandería tanto en el Hospital General Universitario como el Perpetuo Socorro y en los centros de salud, consultorios locales y otros centros no hospitalarios

Redacción

albacete | 09.12.2021 06:03

Trabajadores de limpieza en hospitales
Trabajadores de limpieza en hospitales | Pixabay

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la contratación del Servicio de Limpieza para los centros sanitarios de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y la autorización del gasto que conlleva, por importe de 30.975.104,60 euros.

La consejera de Igualdad y portavoz ha puesto de manifiesto lo “imprescindible” que es poder contar con un servicio de limpieza sanitaria tan riguroso, tanto o más como las inversiones que está llevando a cabo el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page en infraestructuras, en la renovación de la alta tecnología, en contratación de profesionales o en la ampliación de la cartera de prestaciones.

El procedimiento de adjudicación será abierto y su tramitación, ordinaria. Además de las tareas ya señaladas, la empresa adjudicataria será responsable de algunas prestaciones complementarias como el suministro y reposición de material de higiene consumible, la gestión de residuos, jardinería y limpieza del animalario de la Unidad de Investigación o el establecimiento de un número mínimo de horas de limpieza por cada dispositivo asistencial.

El inicio del expediente de contratación que acaba de ponerse en marcha contempla que la empresa adjudicataria preste el servicio durante cuatro anualidades prorrogable un año más. Aparte de los criterios técnicos y económicos, en esta adjudicación se tendrán en cuenta unas condiciones especiales de ejecución. Y es que, dentro de las actividades de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, ocupa un lugar destacado el respeto hacia el medio ambiente, la protección de los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras, así como el compromiso ético de las empresas que vayan a licitar por la que se comprometen a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal.