El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha presentado hoy los detalles de la futura carretera Requejada-Suances, “un proyecto imparable” que ejecutará el Gobierno de la presidenta Buruaga en esta legislatura, cuyas obras se iniciarán en el primer trimestre de 2027, a través de un contrato público-privado por importe de 187,8 millones de euros.
“En unas semanas lanzaremos la licitación de las obras, y esperamos tener el contrato adjudicado en los primeros meses de 2026 para que las obras puedan comenzar en el primer trimestre del 2027”, ha afirmado, tras anunciar que esta misma semana se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria la información pública del estudio de viabilidad económico-financiero del proyecto por un periodo de un mes.
Media ha recordado que, para la financiación de esta carretera, de algo más de ocho kilómetros de longitud, se utilizará un modelo concesional de pago por disponibilidad con el que la empresa adjudicataria redactará y ejecutará el proyecto y se ocupará de su mantenimiento durante un periodo de 26 años.
“Esta fórmula financiera nos permitirá seguir ejecutando obras importantes a lo largo de toda la región sin comprometer nuestras cuentas públicas”, ha afirmado, en relación a las ventajas que supone esta colaboración público-privada con la que se reduce el riesgo financiero para la Administración y se liberan recursos para llevar a cabo otros proyectos.
“Destinar más de 80 millones de euros de la Consejería a esta actuación en los tres próximos años supondría, en la práctica, no realizar ninguna otra inversión relevante en ningún otro sitio de Cantabria”, ha asegurado, añadiendo que una contratación convencional supondría “retrasar muchos años su construcción”.
El estudio de viabilidad económico-financiera cifra en 87.041.045 euros el presupuesto base de la obra. De esta cantidad, 1,8 millones se destinan a la redacción del proyecto, 81,1 millones en obra material y algo más de cuatro millones de euros en dirección de obra, ensayos y control.
Además, los gastos de operación y mantenimiento durante los 26 años de vigencia de este contrato ascienden a 460.000 euros anuales. A esta cantidad se le deben sumar otros 4,5 millones de euros que la concesionaria invertirá en este periodo para la ejecución de varios asfaltados, inspecciones del puente atirantado y otras reinversiones finales para devolver la infraestructura en estado óptimo de conservación.
El consejero ha explicado que la retribución al concesionario a través de este modelo de pago por disponibilidad se ha calculado en base a lo establecido en la Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española y el Real Decreto 55/2017 que la desarrolla.
En concreto, se abonará a la empresa adjudicataria la cantidad de 7.224.051 euros cada año, un montante que se pagará mensualmente, y que estará condicionado al cumplimiento de una serie de indicadores de estado “que controlaremos desde la Administración”.
El periodo concesional total será de 30 años, que se dividen en 1 año para la redacción y aprobación del proyecto constructivo, 3 años más para la ejecución de obra y un período de pago de 26 años, “ya que se empezará a pagar cuando se ponga en servicio la infraestructura”.
De esta forma, el pago máximo estimado a lo largo del período concesional de 26 años será de 187.825.344,16 €, IVA incluido. En el caso de las expropiaciones, cuyo presupuesto aproximado es de 1.252.720 euros, serán ejecutadas directamente por el Gobierno de Cantabria.
