El Informe sobre el Estado y Situación del Sistema Educativo no Universitario en Cantabria elaborado por el Consejo Escolar, con datos del curso 2023-2024, refleja que la Educación en Cantabria cuenta con "buena salud".
El informe ha sido presentado este miércoles, en rueda de prensa, por María Ángeles Navarro y Eduardo Caballero, presidenta y vicepresidente, respectivamente, del Consejo Escolar, órgano que ha elaborado el documento de 175 páginas y unas 150 tablas y gráficos, junto con el consejero de Educación, Sergio Silva (PP).
Entre los datos positivos del informe, destacan, por ejemplo, que Cantabria es la comunidad autónoma con menor ratio de alumnos por profesor --8,9 de media-- y la tercera con menor porcentaje de abandono escolar.
En el lado contrario, resalta la pérdida de alumnos --unos 3.000 en los últimos cinco años--, un fenómeno que se está convirtiendo ya en algo "estructural". Se da principalmente en Infantil y Primaria pero que "ya está llegando a Secundaria".
Además, entre las propuestas de mejora del Consejo Escolar, este órgano pide "valorar la posibilidad" de desarrollar un plan de acción para conocer "y en su caso intervenir, para mejorar los resultados académicos finales en Lengua Extranjera y Matemáticas de todas las etapas educativas".
Y en materia de recursos, insta a la Consejería a cumplir en el próximo presupuesto de 2026 el "objetivo" que marcaba el Acuerdo por la Educación de Cantabria de 2017 de alcanzar "una financiación mínima del 5% del PIB de Cantabria" --actualmente está en torno al 4,6%-- y promover "el equilibrio entre presupuesto y gasto" al capítulo de Inversiones, Obras y Equipamientos "con las medidas necesarias para dar respuesta a las mejoras en los centros educativos, tanto en tiempo como en necesidades".
Y a pesar de los "avances", plantea "intensificar" las medidas para la prevención del acoso escolar y la violencia en el entorno educativo y evaluar los planes de convivencia de los centros, prestando especial atención al alumnado "más vulnerable", como aquel que presenta necesidades educativas específicas.
También pide fomentar las medidas de participación de la comunidad educativa que "visibilicen y refuercen", por una parte, el papel de las familias y el alumnado en los consejos escolares y, por otra, la colaboración del profesorado como agente dinamizador de los procesos democráticos en los centros educativos".
