Supuestas irregularidades en el desarrollo urbanístico de Santa Catalina

La fiscal pide 10 años de inhabilitación para Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza

La Fiscalía ha pedido diez años y diez años y nueve meses de inhabilitación, respectivamente, para los exalcaldes de Castro Urdiales Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza por las supuestas irregularidades en el desarrollo urbanístico de Santa Catalina

ondacero.es

Santander | 28.09.2017 18:30

Complejo Judicial de Las Salesas
Complejo Judicial de Las Salesas | Google Maps

El ministerio público ha retirado además los cargos contra cuatro de los 19 encausados en este proceso -tres técnicos y el edil Juan Tomás Molinero-, en su informe definitivo durante la vista que el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander celebra en Las Salesas.

Según la fiscalía, los dos ex regidores y los concejales de sus equipos de gobierno que se sientan en el banquillo cometieron delitos de prevaricación y prevaricación urbanística al privar al municipio de 417 metros cuadrados de equipamiento público, para construir un vial en contra del planeamiento y de los informes de la Comisión Regional de Urbanístico.

Para los concejales de las dos corporaciones de Castro Urdiales encausados reclama también diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público en el ámbito municipal, excepto en el caso de Javier Díez Muro, que fue concejal en ambas, para quien pide veinte años y siete meses.

En el caso de Muguruza, reclama además una multa de 10.800 euros, en cuotas durante dos años, y acusa al entonces secretario municipal, César Saiz, de cooperador necesario.

También pide una indemnización para el Ayuntamiento de Castro Urdiales de 282.955 euros por el perjuicio causado con la pérdida de equipamiento (678,55 euros por cada uno de los 417 metros cuadrados).

Las penas que ha solicitado hoy rebajan las que pedía en su escrito provisional, de febrero de 2010, en el que también solicitada tres años de cárcel para Díaz Helguera y al exsecretario por un delito de falsedad documental que ha prescrito.

La fiscal ha retirado la acusación contra Molinero porque considera que no hay constancia documental de que contribuyera con su voto a las presuntas irregularidades en el desarrollo de la zona de Santa Catalina.

No acusa tampoco al arquitecto Pedro Restegui, al entender que el dictamen que emitió se basaba en un informe visado que era compatible con la ficha urbanística correspondiente, por lo que no cometió ilegilidad alguna.

Respecto a la técnico Carmen Villanueva entiende que, aunque no actuó con la diligencia profesional debida, no se ha acreditado que el informe que emitió contribuyera "de forma eficaz" al propósito de la Corporación.

De la misma forma, cree que el otro técnico al que ha retirado las cargos, Pablo Sopeña, pudo no ejercer su función "con celo y diligencia" pero "confió en la legalidad de los proyectos".

La fiscal ha destacado que el plan general de urbanismo vigente en 1999, cuando se empezó a abrir el vial, destinaba 18.000 metros cuadrados a equipamiento, en este caso socioeducativo. Y el equipamiento, ha afirmado, puede ser de muchos tipos "pero nunca puede ser viario", que fue el destino que se dio a esos 417 metros.

A su juicio, los acusados antepusieron su voluntad política al interés público y se saltaron las reglas del juego, al seguir adelante por "una vía de hecho" con la apertura de la calle Poeta José Hierro, a pesar de los informes negativos de la Comisión Regional de Urbanismo, un órgano supramunicipal cuyo dictámenes son vinculantes.

Durante el mandato de Díaz Helguera se aprobó, según ha señalado, un estudio detalle "contrario frontalmente al planeamiento" y basado en un informe "de escasamente tres líneas" del secretario municipal.

Para la fiscal, esgrimir desconocimiento sobre urbanismo como han hecho durante la vista alguno de los acusados "no sirve para escudarse en la presunción de inocencia".

La nueva corporación presidida por Muguruza, ha explicado, siguió adelante con las irregularidades al dar por buena una modificación que no se había aprobado y dar luz verde a un proyecto de reparcelación en Santa Catalina que "a todas luces transgrede la legalidad".

En su informe ha aludido también a que el Ayuntamiento de Castro Urdiales haya optado por dar prioridad a la hora de personarse en esta causa a su posible responsabilidad civil subsidiaria que al perjuicio que las supuestas irregularidades le han causado "no como Corporación sino como población".