Este especialista dice que hemos asumido y normalizado el acoso y la presión a los trabajadores, y no no se han introducido en los departamentos de prevención de riesgos medidas psicosociales. En el caso del hospital de Sierrallana ( cuatro funcionarias condenadas por un delito de coacciones, hostigamiento hacia compañeros en un sentencia que no es firme)se han podido aportar pruebas sobre las consecuencias para la salud mental que han sufrido los compañeros. Cuando eso sucede dice Sánchez "se abre la posibilidad" de denunciar y afrontar el proceso judicial. Este abogado también ha explicado que existe corresponsabilidad en los cargos de dirección, en este caso de una entidad pública, de los hechos probados.
José Sanchez ( abogado que consiguió que los tribunales reconocieran un suicidio como accidente laboral) sostiene que es más difícil probar acoso laboral en la función pública que en la empresa privada.
