El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha comunicado a las principales plataformas digitales como Airbnb o Booking la existencia de 8.698 pisos turísticos ilegales en Canarias y ha dado la orden inmediata de retirar los anuncios on line de todos los inmuebles.
Estas viviendas, que proceden en su totalidad del mercado residencial tradicional, solicitaron en su momento el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio pero su laglización a través de este trámite fue rechazada al no cumplir los requisitos legales. A pesar de esta circunstancia, sus propietarios decidieron mantenerlas en alquiler y en oferta a pesar de estar cometiendo una ilegalidad.
Descontrol total en Adeje y San Bartolomé de Tirajana
En Adeje (Tenerife) se rechazaron 765 peticiones y encabeza la lista de municipios canarios con más viviendas vacacionales ilegales. Le sigue San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) con 637 y Puerto de la Cruz (Tenerife), con 531 permisos revocados. La Oliva (Fuerteventura) es el municipio más afectado por los pisos turísticos ilegales, con 484 casos detectados. Mientras que en Yaiza (Lanzarote) se han identificado 442.
Canarias es la segunda comunidad con más pisos en esta situación, localizando el 16,14% de las viviendas vacacionales irregulares del conjunto del país
El secretario general del PSOE Canarias, y Ministro de Política Territorial y Memoria Democrátrica Ángel Víctor Torres, ha dicho en la red social X que esta es una medida «concreta, efectiva y real, frente al vacío que representa el Gobierno de Canarias en materia de vivienda».
El escenario actual
Actualmente hay en Canarias más 70.000 viviendas vacacionales censadas aunque se estima que las que operan de forma ilegal, es decir, sin estar registradas como tal, podrían ser el doble. El Gobierno de Canarias asegura que solo se comecializan 48.000.
La realidad es que aunque estas viviendas se retiren de las plataformas, nada impide a sus propietarios, particulares y fondos de inversión, ofertarlas a través de otras vías como agencias inmobiliarias o redes sociales. La inspección de estas viviendas por parte del Gobierno de Canarias es nula y la intención de los municipios sobre controlar las viviendas vacacionales es cero.
