Ruiz-Mateos y sus hijos, citados este miércoles en Palma al no quedar acreditada su "precaria" situación económica

El fundador de Nueva Rumasa y sus descendientes fueron nuevamente emplazados a declarar por la jueza de adscripción territorial María Pascual, encargada de las pesquisas, después de que la sociedad Inversiones Grupo Miralles, que el pasado año se querelló contra todos ellos por una presunta estafa de 13,9 millones en la compraventa del hotel Eurocalas, ampliase su denuncia al atisbar indicios de que la sociedad que avaló la operación incurrió en un delito de alzamiento de bienes para evitar posibles embargos.

Ello, según alegaba el querellante, por vender el hotel Cervantes de Torremolinos, perteneciente a los Ruiz-Mateos, a la mercantil Clesa -también propiedad de los denunciados-, "obstaculizando" así su posible embargo. De este modo, tanto el fundador del 'holding' de la abeja como sus hijos, citados a partir de las 9.30 horas, serán interrogados en torno a los nuevos indicios recabados por la empresa querellante, representada en la causa por la letrada Isabel Fluxà.

Según los nuevos datos aportados por el denunciante, Francisco Miralles, de las actuaciones "se desprenden indicios racionales suficientes" para entender que la intención de Montumo -empresa propietaria del hotel Cervantes- era la de "salvar el bien en su propio beneficio, obstaculizando así la vía de ejecución que podría seguir el querellante como titular de un derecho de crédito frente a Montumo en el caso de que ésta no pudiera hacer frente a las obligaciones que había avalado".

Sin embargo, no es éste el único hecho al que hace alusión la ampliación de la denuncia, puesto que también apunta a la comisión de un delito societario por administración fraudulenta, en relación a la constitución, por parte de los Ruiz-Mateos, de una hipoteca sobre el hotel Eurocalas por valor de 19 millones de euros "cuyo destino no ha resultado, hasta el momento, justificado en modo alguno".

De hecho, en la querella original Miralles ya hacía referencia a esta hipoteca y aseveraba que se trata de un importe que no se ha reinvertido en el complejo, sino que "se ha destinado a otros menesteres, probablemente a otras empresas del grupo o al patrimonio personal del clan". "La constitución de esta hipoteca hace inviable la cláusula resolutoria del contrato de compraventa, por la que se devolvería el establecimiento hotelero en caso de impago, ya que implicaría que el querellante asumiera la citada hipoteca", añadía.

"Es evidente que su fraudulenta estrategia e intención de no pagar venía ya desde el inicio de la compraventa, y prueba de ello es que la constitución de la hipoteca se lleva a cabo pocos meses después de la operación", apuntaba asimismo al respecto.

"CONTRADICCIONES" EN LAS DECLARACIONES DE LOS RUIZ-MATEOS
En el escrito de ampliación, el grupo apunta a las "contradicciones" en las que habrían podido incurrir en las declaraciones que ya prestaron los Ruiz-Mateos, en la cantidad que alegan haber destinado a las obras de remodelación del hotel y "si efectivamente tuvieron lugar o no, no habiéndose aportado hasta ahora factura o justificante acreditativo alguno del importe de las obras en dicho hotel que permita acreditar su efectiva realización".

Finalmente, el grupo añade que pudo cometerse otro delito de alzamiento de bienes en referencia a la constitución de una hipoteca a favor de la entidad Santander Factoring & Confirming, que fue constituida "mucho tiempo después de la interposición de la querella", de lo que se deduce un comportamiento "obstativo" por parte de los querellados dirigidos a "dilatar, dificultar o impedir la eficacia del embargo que efectivamente acordó el Juzgado".

Fue en mayo de 2006 cuando Grupoo Miralles formalizó la venta a la empresa Calwell del 99,99% del capital social de Bastimentero, entidad propietaria del Hotel Eurocalas, por 23,67 millones de euros. Del importe total, se abonó 789.028 euros y se acordó el pago aplazado de 22,88 millones de euros a través de pagarés con vencimientos mensuales y con la garantía y el aval de Montumo, así como de José María Ruiz-Mateos y todos sus hijos varones con avales personales hasta la suma de 24 millones de euros.

"Todos ellos avalaron con evidente mala fe, aprovechándose de su 'acreditada solvencia de cara a la galería' gracias al nombre de Nueva Rumasa, puesto que ninguno de ellos ni tenía ni tiene activo alguno a su nombre, al menos en España, y tampoco lo tenía la entidad Montumo", denunciaba la querella.