El exconcejal de Agrupación Social Independiente (ASI) y presidente de esta formación, Joaquín Rabasco, ha afirmado durante el juicio que ha tenido lugar este martes por presuntamente incitar a la violencia de género al permitir que la web del partido alojase una animación informática en la que se mostraban 20 formas distintas de matar a una mujer, que está "convencido" de que la culpa de colgar el vídeo "macabro" fue del informático que gestionaba la página de Internet.
Rabasco sobre quien pesa una condena de dos años de prisión por malversar fondos municipales a sociedades de su propiedad, se enfrenta ahora a una petición de tres años de cárcel. En el transcurso del juicio ha asegurado que al informático se le pidió que hiciera la página web de la formación más interactiva y divertida por lo que le otorgaron libertad para crear dicha animación.
Así, ha asegurado que a fecha de hoy aún no ha visto el vídeo, que ha calificado de "asqueroso" y macabro" y ha dicho que a él no se le hubiera ocurrido colgar ese tipo de contenidos y, menos, "teniendo en cuenta que las elecciones estaban cerca".
Cabe destacar que el vídeo estuvo colgado desde el 2 de diciembre de 2005 hasta el 14 de enero de 2006 y tras esta fecha el informático continuó su relación contractual con el partido durante varios meses más. El juicio ha terminado cerca de las 15.30 horas y se reanudará el día 26 para que terminen de declarar el resto de testigos.
La vista fue aplazada a esta jornada después de que fuese inicialmente suspendida ante la ausencia del testigo principal -el ingeniero que se encargaba del mantenimiento del servidor-. Junto a él también se ha sentado en el banquillo la exsecretaria de Rabasco Claudia Fallemann.
En el marco de este juicio, la acusación particular, ejercida por el letrado Sebastià Rubí en representación de un grupo de ciudadanos de Llucmajor, reclama para el dirigente de ASI, además de los tres años de privación de libertad, 126.000 euros de multa, mientras que para Fallemann solicita dos años de prisión y el pago de 54.000 euros. Al margen de estas penas, la acusación pide la disolución de la formación por haber dado amparo a los hechos denunciados.
