Para ello han acudido al Juzgado de Instrucción número 2 de Palma los secretarios generales de UGT y CGT, Lorenzo Bravo y Josep Juárez, respectivamente, y el presidente de Drets Humans, Bernat Vicens, acompañados por el letrado que les representa, Pablo Alonso de Caso. A su salida, los representantes de estas entidades han lamentado los hechos que condujeron al fallecimiento de Pam y han aseverado que "no pueden quedar impunes", tal y como ha manifestado en concreto Juárez.
En este sentido, Bravo ha recriminado que "la sociedad está cada vez más hecha polvo y es más nefasta", incidiendo en que "por encima de todo está la sanidad". "Es una auténtica vergüenza que se deje sin atención médica a miles de ciudadanos, pero no sólo hay que llevarlo a los tribunales sino que también hay que salir a la calle porque son hechos que no se pueden permitir en un país donde ha costado tanto recuperar nuestros derechos", ha subrayado el líder sindical.
En concreto, la querella va dirigida contra el conseller de Salud, el director general de Salud Pública y Consumo, Luís Rafael Santiso, el director del Servei de Salut, Miquel Tomàs, y el exdirector de la Fundación Hospital Comarcal de Inca, Fernando Navarro, quien fue cesado a raíz de estos hechos.
Además de un presunto delito de homicidio imprudente, los querellantes apuntan a la comisión de ilícitos de prevaricación, coacciones, denegación discriminatoria de una prestación de carácter público y revelación de secretos, como consecuencia de una actuación "arbitraria, consciente y voluntaria", que, a su juicio, "atenta ya no sólo contra la legalidad ordinaria vigente" sino también "contra los derechos fundamentales de las personas reconocidos constitucionalmente".
En su querella, el letrado que asiste a las anteriores entidades señala cómo los hechos "germinaron" a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que "supuso la exclusión de los ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular del sistema nacional de salud", excepto en supuestos especiales en los que "prima sobre cualquier otra cuestión el derecho a la vida y a la integridad tanto física como psíquica".
En el caso de las islas, señala que los querellados, de forma "arbitraria, conjunta y preconcebida", implantaron "burdamente" un sistema sanitario a los extranjeros no autorizados como residentes, estableciendo un mecanismo de cobro automático e "indiscriminado" por el "mero hecho de que carecieran de tarjeta sanitaria, sin tener en consideración si dichos extranjeros tenían derecho a la asistencia gratuita" o por encontrarse en uno de los supuestos especiales de la anterior Ley.
"De forma pretenciosa y dolosa se pretendía allanar el camino del plan que habían preconcebido a los únicos efectos de expulsar al colectivo inmigrante anteriormente descrito del sistema público de salud" o que, de forma subsidiaria, "que abonaran por el servicio sanitario prestado sin atender a excepciones -que pagasen los servicios sanitarios recibidos sin venir obligados legalmente a ellos, de forma que se viesen en una suerte de hecho constitutivo de estafa".
En este estado de cosas, apunta a "uno de los casos más graves y deplorables ocurridos a consecuencia de la maquinación fraudulenta impuesta por los querellados", en alusión a la muerte de Alpha Pam, que "no es un caso extraordinario y excepcional, sino que es el más trágico de los que han acontecido hasta la fecha y que, de no haber actuado los querellados de forma arbitraria, se hubiera evitado".
Según precisa, fue el pasado 23 de febrero cuando Pam acudió al centro de salud de Can Picafort acompañado de su amigo Kalidou cuando le derivaron al hospital de Inca para que le realizaran una valoración y radiografía del tórax con la finalidad de confirmar o descartar el contacto con tuberculosis ante la sintomatología que presentaba.
Así, el día 28 acudieron al centro hospitalario con la hoja de derivación de Atención Primaria de Can Picafort, en la que la facultativa adscrita a este centro hizo constar "juicio diagnóstico contacto con tuberculosis" así como "plan de actuación derivo a urgencias del hospital comarcal de Inca para 'rx tórax' y valoración, ya que ha habido brote de 'tbc' (tuberculosis) en Can Picafort y sospechamos que éste sea el caso primario".
PRUEBA MÉDICA DE CINCO MINUTOS Y DIAGNÓSTICO DE BRONQUITIS
A pesar de ello, la querella asevera que le fue denegado el acceso a urgencias por carecer de tarjeta sanitaria en el departamento de admisión. Días después, debido al empeoramiento de la salud del afectado, acudió de nuevo al hospital el 5 de abril, donde su amigo, "con contundencia y vehemencia", requirió al centro para que le atendieran, viéndose obligado a "chillar por la pasividad que el centro de salud mantenía ante el estado de salud del señor Pam y que le causaba una gran impotencia".
El centro decidió así admitirle, no sin antes cumplimentar el compromiso de pago, donde tuvo que esperar más de 40 minutos hasta que fue atendido. Según la denuncia, la asistencia médica duró apenas cinco minutos -previamente se le denegaron la radiografía del tórax que se le debía realizar-, siéndole diagnosticada una bronquitis. Días después y "de nuevo desesperadamente" ante el empeoramiento de su estado de salud, acudió al centro hospitalario pero se le denegaron las pruebas que le habían prescrito en Can Picafort.
Poco después, el 21 de abril, Pam falleció en su domicilio de Can Picafort. Los resultados de la autopsia que se le practicó confirmaron que murió por tuberculosis.
