En una declaración pública, la SOCS pide a los organismos internacionales que "adopten una posición ante el hecho de que las autoridades españolas persiguen de manera flagrante el debilitamiento de la vitalidad lingüística de la comunidad catalanoparlante mediante medidas políticas que dificultan la comunicación entre los hablantes y la difusión de la producción cultural y medios de comunicación en lengua catalana".
Los sociolingüistas piden que la Unesco y el Consejo de Europa investigue y, en su caso, "condenen formalmente las políticas que buscan de manera expresa y ostensible perjudicar a la lengua catalana".
En su declaración, considera que el Reino de España opera "contra el espíritu de los derechos fundamentales a la diversidad cultural contenidos en el ordenamiento jurídico internacional", y en concreto "contra la misión de la Unesco de 'crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos fundado en el respeto de los valores comunes'".
Asimismo, piensa la SOCS que España "hace caso omiso de las recomendaciones de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y principalmente de las Recomendaciones de Oslo y de La Haya".
Acusan en el texto al gobierno central y los gobiernos autonómicos de Aragón, Baleares, Valencia y de algunos municipios de iniciar "una ofensiva política contra la lengua catalana" mediante "iniciativas políticas, legislativas y administrativas impulsadas por el Partido Popular".
La SOCS ha enviado la declaración a título informativo a sociedades científicas y revistas internacionales para que le den difusión y, en su caso, hagan llegar su preocupación a los organismos internacionales de salvaguarda de los derechos humanos y del patrimonio cultural.
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