Así lo ha destacado en rueda de prensa la portavoz en materia turística del PP, Lourdes Bosch, quien ha añadido al respecto que la realización de estas inversiones permitirán también que 1.128 puestos de trabajo alarguen su periodo de actividad, puesto que habrá una prolongación dos o tres meses.
Con todo, ha aclarado que la realización de todos estos proyectos no representará "nuevo consumo de territorio", sino que exclusivamente responde a actuaciones de rehabilitación y modernización de edificios ya existentes, que implicarán la reconversión de 11.548 plazas.
Se trata de unas estimaciones que parten, según ha dicho, "de una previsión realista y teniendo en cuenta la situación de crédito en estos momentos".
Por otro lado, Bosch ha destacado asimismo que se han aprobado 75 enmiendas de "común acuerdo" por parte de todos los grupos políticos, un 65% han sido presentadas por el PSM-IV-ExM y el 35% restante por el PSIB-PSOE. Este dato demuestra "la clara voluntad del Govern de alcanzar el máximo consenso con una ley que es tan importante para las Islas Baleares", ha afirmado.
Por otro lado, el diputada 'popular' ha remarcado que el cambio de uso, "que quiere demonizar la oposición", es una posibilidad que "no ha inventado el PP, sino que es algo que ya existe desde antes de la aprobación de la nueva normativa".
La novedad radica en que la nueva normativa acuerda que "el 5% de la inversión que se haga en la rehabilitación revierta en la zona para su mejora", es decir, que con ello "se pretende beneficiar a los municipios", ha argumentado, al tiempo que ha apuntado que tampoco es cierto que quiten competencias a los municipios, puesto que "el último que decide es el propio Ayuntamiento".
Por otro lado, la portavoz del GPP, Mabel Cabrer, ha apuntado que el segundo de los plenos que se celebrará este martes servirá para dar cumplimiento a una de las promesas electorales del PP, con la modificación de la Ley de Función Pública, "que garantiza que cualquier persona pueda acceder en igualdad de condiciones a la administración pública y que los ciudadano de Baleares puedan ser atendido en los dos idiomas oficiales de la comunidad".
En este sentido, ha anunciado que el PP se opondrá a la solicitud de un dictamen al Consell Consultiu sobre la legalidad de esta medida, que reclamarán los grupos de la oposición -PSIB-PSOE y PSM-IV-ExM-, al entender que responde a una "estrategia para intentar demorar la aprobación de la ley", puesto que la iniciativa "está avalada por todos los informes de la obogacía de la comunidad autónoma".
Por último, Cabrer se ha referido al último de los plenos previstos mañana, en el que se convalidará el Decreto Ley de medidas urgentes para la reactivación económica en materia de industria y energía, que permitirá, según ha dicho, "simplificar y reducir la tramitación administrativa" en las empresas dedicadas a estas actividades y que tiene como principal finalidad "generar actividad y crear puestos de trabajo".
