El Colegio de Administradores de Fincas Illes Balears reúne estos días en Palma a expertos nacionales para abordar los principales factores que agravan la crisis de la vivienda que sufre el archipiélago, desde la falta histórica de vivienda pública hasta la presión del alquiler turístico.
Entre las ponentes, está la catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, Matilde Cuena Casas, que antes de su intervención ha atendido los micrófonos de Onda Cero, donde ha asegurado que el problema de la vivienda es “general en España, pero agravado en Baleares”, donde los precios y la escasez de oferta llevan años dificultando el acceso a familias vulnerables.
En una entrevista en el programa Más de Uno Mallorca, Cuena ha advertido de la inseguridad jurídica que lleva a muchos propietarios a no ofrecer alquiler de larga duración y ha defendido la necesidad de incentivos fiscales y legales que hagan más atractivo este mercado.
Ley estatal de vivienda: "normativa ineficaz"
Según la catedrática, si se pretende incentivar el alquiler estable, “los gobiernos deben ofrecer incentivos legales y fiscales, no cargar sobre los propietarios el coste de la política social”. Destaca, además, que prohibiciones o topes de precio, “no han funcionado en otros países” y pueden reducir aún más la oferta.
De hecho, Matilde Cuena aplaude que Baleares no aplique los topes de alquiler de la Ley estatal de Vivienda, una normativa que considera ineficaz. En ese sentido ha citado el caso de Cataluña como ejemplo de la caída del mercado de alquiler tras la aplicación de este tope, en las zonas tensionadas.
La ocupación, otro foco de preocupación
La especialista también ha abordado en Onda Cero otro tema que genera inquietud social: la ocupación ilegal de viviendas. Asegura que las denuncias penales por ocupación han aumentado de 2.700 en 2010 a más de 16.000 en 2024. “El problema existe y está incentivado por un sistema judicial lento y por una legislación que ha puesto más obstáculos a los propietarios”.
Cuena Casasha defendido la necesidad de medidas cautelares más ágiles para permitir desalojos rápidos y ha criticado que durante años el marco legal ha dificultado la recuperación de los inmuebles, especialmente para personas jurídicas como bancos o grandes propietarios.
