Las fuerzas parlamentarias de izquierda de las Islas Baleares —PSIB-PSOE, Sumar-Més y Podemos— han presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Llei 4/2025 de projectes residencials estratègics, impulsada por el Govern del PP y Vox. La ley permite construir en suelo rústico y modificar los planeamientos urbanísticos municipales, algo que las formaciones progresistas y entidades ecologistas consideran “una puerta abierta a la especulación y al desequilibrio territorial”.
Durante la presentación del recurso en Palma, el portavoz socialista Iago Negueruela afirmó que la norma“vulnera el principio de igualdad” y supone “una reforma urbanística salvaje que beneficia a los promotores y especuladores a costa del interés general”. Criticó que el texto otorgue a los constructores la capacidad de incorporar directamente sus proyectos al planeamiento municipal, desplazando las competencias de los ayuntamientos y consells insulars.“Con esta norma, los constructores hacen la ley y la sociedad pierde el control sobre la planificación de su territorio”, señaló.
Por su parte, Margalida Ramis, en representación del GOB, denunció que el nuevo marco legal “constituye un ataque al territorio sin precedentes, aprobado con prisas, sin debate público y con el único fin de blindar intereses urbanísticos privados”. El recurso sostiene que la norma rebaja la protección del suelo rústico, impone el silencio positivo para la aprobación de proyectos sin control ambiental y elimina la obligatoriedad del conocimiento del catalán para el personal sanitario, lo que supone —según sus impulsores— una regresión en los derechos lingüísticos.
Las fuerzas progresistas coinciden en que esta ley continúa la senda de la Llei 7/2024 de simplificació administrativa, también recurrida ante el Constitucional, y forma parte de una estrategia de desregulación urbanística que debilita las competencias locales y la seguridad jurídica. “No resolverá el problema de acceso a la vivienda —advirtió Negueruela—, sino que aumentará la presión demográfica, encarecerá el suelo y los precios, y pondrá en riesgo el modelo territorial de las Islas Baleares”.
