Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares obliga al Govern a tramitar 600 solicitudes de licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) que fueron denegadas en 2022, pero el fallo podría aplicarse también a más de 10.000 solicitudes, la mayoría de 2023, que fueron suspendidas. Aproximadamente 3.500 de estas solicitudes corresponden a Mallorca y alrededor de 6.500 a Ibiza.
La directora general de Movilidad, Lorena del Valle, ha afirmado que 10.000 nuevas licencias de VTC "son una barbaridad" y que el Govern trabaja para que la tramitación se realice con seguridad jurídica, otorgando solo "las que pueda absorber el territorio". "Es evidente que 10.000 licencias no supondrán una mejora en la movilidad", ha señalado.
La sentencia europea y el reglamento
Del Valle ha explicado que la sentencia obliga a tramitar las solicitudes porque el anterior Govern aplicó de forma automática una ratio que no contaba con justificación legal. El ratio que se cuestionaba fue tumbado porque no contaba con "razones imperiosas de interés general" como la gestión del transporte, el tráfico o la protección del medio ambiente, en línea con la doctrina europea.
Con la ley aprobada por unanimidad en el Parlament en 2024, se decretó que no se concederían nuevas licencias VTC hasta disponer de un reglamento específico de taxi-VTC. Este reglamento, que actualmente se encuentra en fase final de tramitación, determinará los criterios y condiciones específicas para otorgar estas autorizaciones.
Revisar una a una
Del Valle ha indicado que las solicitudes se tramitarán de forma individual, no en lotes, y que para cada una se evaluará si cumple con los requisitos establecidos por el nuevo reglamento. "Conforme a cada una iremos diciendo si sí o si no", ha añadido.
El Govern ha enviado un mensaje de "tranquilidad" al sector del taxi, indicando que trabaja para que Baleares cuente con las licencias que "necesita y que el territorio pueda absorber", tras la reunión que el sector del taxi mantuvo el pasado miércoles con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.
