El Govern ha culminado la expropiación temporal de 16 viviendas para destinar a alquiler social y que, unidos a la adquisición de otros seis por el ejercicio de tanteo y retracto, suponen la incorporación al parque público de viviendas de un total de 22 viviendas.
El director general de Vivienda, Eduardo Robsy, ha informado en rueda de prensa de la finalización del expediente de cesión obligatoria temporal de viviendas vacías de grandes tenedores y ha recalcado que es la primera vez que en España culmina un proceso de estas características y que "pone por delante la función social de la vivienda".
Según ha apuntado, el expediente se inició con 56 viviendas, 21 de las cuales han sido, por su parte, vendidas y alquiladas por los propios propietarios, de tal manera que 13 han quedado fuera del expediente al no reunir los criterios de desocupación durante dos años.
El Govern compensará en total a los grandes propietarios con 371.448 euros, además de asumir el importe de algunas reparaciones y rehabilitaciones por valor de caso 170.000 euros, y en medio año podrían estar disponibles para ser adjudicados.
El director general ha apuntado que dada la disponibilidad del presupuesto, que inicialmente era de dos millones de euros, el Govern tiene sobre la mesa la posibilidad de, en un futuro y tras una nueva revisión del registro de viviendas vacías, iniciar un nuevo expediente de expropiación temporal porque se ha demostrado la utilidad y la viabilidad de la estrategia, aunque ha advertido de la complejidad.
En la rueda de prensa, Eduardo Robsy ha insistido en que la expropiación por siete años para alquiler social es una medida pionera y que ha supuesto introducir algunas modificaciones en una norma de los años 50 del siglo pasado, según ha señalado, pensada para la construcción de carreteras.
En este sentido, Robsy ha subrayado que el Ejecutivo ha tenido que enfrentarse a la "actuación coordinada" de todos los grandes propietarios --bancos o sociedades inmobiliarias vinculadas a estos--, que recurrieron a despachos de abogados de renombre, aunque ha insistido en que hasta el momento los tribunales, sin entrar en el fondo, han dado la razón al Ejecutivo.
Según ha recordado, de momento, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha desestimado las peticiones de suspensión cautelar del procedimiento.
Para el director general, el mensaje de fondo es que los grandes propietarios "han entendido que no pueden negar la función social de la vivienda y tener pisos vacíos de manera indefinida".
Además, también ha destacado la apertura de hasta 26 expedientes sancionadores por irregularidades en el proceso y que, hasta el momento, han supuesto la imposición de unos 50.000 euros en sanciones.
DISTRIBUCIÓN POR ISLAS Y MUNICIPIOS
Por islas y municipios, tres corresponden a Mallorca (dos en Manacor y uno en Llucmajor), ocho a Menorca (siete en Ciutadella y uno en Mahón) y cinco a Ibiza (dos en Sant Antoni, dos en Santa Eulària y uno en Ibiza).
Por su parte, las seis viviendas incluidas en el expediente de expropiación que finalmente han sido adquiridas por el Govern están ubicadas en Palma (1), Inca (4) y Calvià (1).
COMPENSACIONES A LOS PROPIETARIOS
El importe de las compensaciones que se pagarán a los grandes tenedores es de 371.448 EUROS en total, importe que no incluye las pequeñas obras de rehabilitación que tiene que realizar el IBAVI y que se detraen del precio.
Esto supone una media de 23.215 euros por vivienda que, convertido en términos mensuales, supone que el IBAVI pagará un importe equivalente a 276 euros mensuales por vivienda.
Según ha recordado el director general, la expropiación tiene una duración de siete años, dejando la puerta abierta a prorrogarse si existe acuerdo con los propietarios.
El trabajo de triaje y visita de los pisos de los grandes tenedores se inició el mes de septiembre de 2019, pero la suspensión de los plazos administrativos del primer confinamiento hizo necesario reiniciar el trabajo el verano de 2020.
Las visitas se prolongaron durante el invierno y, finalmente, el mes de marzo se firmó por parte del conseller de Movilidad y Vivienda la orden de inicio del expediente.
Por lo tanto, el ejecutivo ha subrayado el hecho de que en el plazo de poco más de nueve meses se haya conseguido ejecutar un procedimiento expropiador de gran alcance, sin ningún tipo de precedente ni a nivel estatal ni europeo, y con todas las garantías legales.
