El último acuerdo entre PP y Vox en Baleares que permitirá a los municipios de más de 10.000 habitantes construir viviendas sociales y a precio limitado en suelo rústico ha generado un gran revuelo entre los ayuntamientos de las islas. El último decreto de medidas urbanísticas que pretende aprobar el Govern de Marga Prohens también dejaría en manos de los municipios de más de 20.000 habitantes el poder desarrollar en las llamadas zonas de transición Proyectos Residenciales Estratégicos, es decir, construir vivienda allí donde hasta ahora no se podía construir, a falta de suelo urbano y urbanizable.
El objetivo del ejecutivo balear es hacer frente a la emergencia habitacional a través de varias medidas urbanísticas de carácter urgente y suavizar normativa existente, lo que para la oposición políticos y algunos colectivos ecologistas desplegaría una alfombra roja para promotores y especuladores. Sin embargo, no son todos los municipios de la izquierda que rechazan la medida, según ha podido consultar Onda Cero con distintos municipios. Es el caso de Inca, donde gobierna el PSIB-PSOE con Virgilio Moreno a la cabeza, que prefiere no pronunciarse hasta que no se apruebe el texto definitivo. En Manacor, sin embargo, municipio mallorquín con más de 20.000 habitantes, Més y PSIB ya han aprobado una moción donde rechazan la extensión de los proyectos residenciales estratégicos (PRE). La delegada de Urbanismo de Manacor, la socialista Nuria Hinojosa, defiende en Onda Cero que construir en rústico "es una barbaridad", la podemos escuchar en la ronda de entrevistas concedida hoy a 'Más de uno Mallorca'.
El nuevo decreto de PP y Vox contemplaría construir en rústico viviendas sociales y a precio limitado, pero además, reservar el 25% de la promoción inmobiliaria para el mercado libre. En Llucmajor, municipio gobernado por PP y Vox, aseguran que dichas medidas deben aprobarse siempre bajo criterio técnico para evitar la picaresca en la recalificación del suelo rústico. Lo ha dicho en Onda Cero la alcaldesa popular de Llucmajor, Xisca Lascolas. Aún así, Llucmajor con más de 20.000 habitantes, tendría posibilidades de crecer en zonas urbanas gracias a esta última medida.
Otro municipio dispuesto a aplicar este nuevo decreto urbanístico del Govern es Calvià, donde el suelo urbanizable escasea, según su regidor de Urbanismo, Jaime Bujosa. En Calvià PP y Vox, en coalición municipal, ven con buenos ojos poder desarrollar Proyectos Estratégicos Residenciales en suelo reservado o rústico. En otros asuntos, por cierto, el regidor de Urbanismo de Calvià, Jaime Bujosa, explica en Onda Cero que los 60 pisos previstos en una zona boscosa de Cas Catalá no necesariamente se van a construir, así que el ayuntamiento pide paciencia ante el informe técnico que aún debe elaborar el Govern balear.
Por último, en otro gran municipio colindante con Palma, Marratxí, donde gobiernan PP y Vox, también admiten la necesidad de implantar medidas valientes para dar salida a promociones inmobiliarias a precios limitados para las rentas medidas. Así lo ha explicado en Onda Cero el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart. Siempre bajo control técnico, pero con necesidades de crecimiento en municipios como Marratxí que tiene su propia idiosincrasia, según su alcalde. El debate está servido con una normativa urbanística complicada a través de decretos de medidas urgentes que plantea el Govern del PP, gracias a acuerdos puntuales con VOX, que podrían acercarle a la aprobación de los presupuestos autonómicos.
