Un conjunto de entidades sociales y colegios profesionales de Baleares que trabajan con personas migrantes han hecho pública una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la respuesta de las instituciones autonómicas y estatales ante la llegada de personas por vía marítima y la redistribución de menores migrantes no acompañados desde otras comunidades autónomas, como Canarias. Las entidades han comparecido en rueda de prensa en el Casal de Asociaciones de Inmigrantes de las Islas Baleares, en Palma.
Este grupo de asociaciones, entre los que figuran los colegios profesionales de educadores y trabajadores sociales además del colegio de abogados, han criticado que la gestión de las instituciones está siendo improvisada y han cuestionado que no se estén utilizando los recursos económicos destinados a la migración. Las entidades, que han pedido una reunión con todas las administraciones, han solicitado que los representantes políticos "cumplan con la ley y desembolsen todos los fondos que están destinados para este fin, porque son presupuestos que vienen tanto de Europa como de presupuestos internos y esto está legislado dentro de la ley de extranjería".
Según el portavoz de la Plataforma de Asociaciones de Personas Migrantes de Baleares, Farouk Pino, "el problema más grande aquí es que no se están aplicando políticas de integración de extranjería", a pesar de que "esta partida está aprobada, inclusive hay fondos de la Comisión Europea". Las entidades no descartan que la falta de ejecución presupuestaria pueda deberse a "ciertas políticas que no le gustan al Partido Popular y a Vox".
Oposición a la declaración de contingencia migratoria
Las entidades han rechazado la declaración de contingencia migratoria en Baleares, una medida contemplada en la normativa del Gobierno de España. La directora del Observatorio de Migraciones en el Mediterráneo de la UIB, Margalida Capellà, ha afirmado que "no hay motivos para declarar la contingencia migratoria porque no estamos en los niveles que establece la ley" y ha añadido que las entidades desconocen los datos oficiales sobre el número de migrantes, especialmente menores, debido a la opacidad institucional.
En este sentido, Capellà ha denunciado que "no tenemos una comunicación eficaz" con las instituciones y ha lamentado que el Consell Assessor, un órgano consultor del Govern en el que participan entidades de la sociedad civil y profesionales, no se convoque desde el año 2021.
Preocupación por la acogida de menores migrantes
La declaración conjunta también ha abordado la situación de los menores migrantes no acompañados que se prevé que sean derivados a Baleares desde Canarias. Los portavoces han lamentado que la llegada de "49 menores por sí misma sea un problema", ya que consideran que "una isla que está tan saturada de turismo ofreciendo servicios para las personas de fuera, ¿cómo no pueden ofrecer en los menores en situación de vulnerabilidad?", según la vocal de la Junta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Baleares, Laura Bosch.
Las entidades consideran que la respuesta de las instituciones "nos preocupa porque no se está preparando absolutamente nada" y que la falta de previsión y coordinación entre las administraciones ha provocado el colapso del sistema este verano. Los portavoces han recordado que la competencia sobre los menores es autonómica, y han insistido en que "si esta llegada es problemática, pedimos que haya una colaboración entre todas las instituciones".
Petición de respeto y fiscalización
Las entidades han solicitado "respeto a las personas que llegan" a Baleares, y han denunciado que "no somos números ni tampoco somos moneda de cambio política para que estén discutiendo sobre este asunto como si no existiera gente detrás de ese debate y personas menores", en palabras de Farouk Pino.
En la rueda de prensa se ha interpelado a los representantes políticos, instándoles a que "si estamos vulnerando derechos humanos por ciertas políticas que no le gustan al Partido Popular, a Vox o a cualquiera que es un administrador, entonces no es un buen administrador. No debería seguir ahí y debería renunciar al puesto", ha sentenciado el portavoz de la Plataforma de Asociaciones de Personas Migrantes de Baleares.
Además, los representantes han instado al Parlament de les Illes Balears a fiscalizar esta situación y a crear un grupo de investigación para ver "qué es lo que sucede" con los presupuestos destinados a la migración.
