El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, acompañado por representantes de Cáritas Mallorca, Sojorn y la Fundació Social La Sapiència, presentó este miércoles los datos sobre la situación de las personas sin hogar en la isla.
Durante 2024, 841 personas fueron atendidas por estas entidades, 26 más que el año anterior, aunque las organizaciones advierten de que las cifras reales son mayores. “Tenemos listas de espera interminables y vemos el sufrimiento de las personas y familias que no encuentran un hogar”, explicó Teresa Riera, técnica del programa de vivienda de Cáritas Mallorca.
Las entidades coinciden en que la crisis de la vivienda es el principal factor que empuja a la exclusión social. Los altos precios, junto a la precariedad laboral, han hecho que “el derecho a una vivienda digna se convierta en una utopía para muchas personas”, añadió Riera. La falta de un techo obliga a afrontar problemas de salud física y mental, la pérdida de intimidad y la imposibilidad de acceder a un empleo o a trámites básicos como el empadronamiento.
Con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, que se celebrará este domingo, las entidades han lanzado la campaña ‘Sense llar, però amb somnis’, que busca visibilizar que quienes viven en la calle “tienen sueños, recuerdos, historias y dignidad”. El sábado, a las 11.00 horas, se celebrará un acto en la plaza Mayor de Palma con la lectura de un manifiesto, y el domingo se oficiarán misas especiales en la Catedral y en la parroquia de Santo Domingo de Inca.
El director de la Fundació Social La Sapiència, Toni Moyà, alertó de la aparición de lo que denomina “el nuevo excluido”, formado por jóvenes que cobran entre 1.100 y 1.200 euros al mes o personas mayores con pensiones bajas. Ninguno de estos perfiles puede acceder a una vivienda digna. En su centro, que cuenta con 160 plazas, pasaron el año pasado unas 300 personas, entre ellas pacientes oncológicos (11%) y personas con enfermedades psiquiátricas (88 casos). “Cuando hay una plaza vacía es porque alguien se ha muerto”, lamentó Moyà.
El responsable del proyecto Sojorn,Jaume Alemany, explicó que en 2024 atendieron a 65 adultos y 38 menores, algunos de apenas unos meses. “Si ya es triste que una persona viva en la calle, no se puede consentir que lo hagan niños”, denunció, alertando además de los problemas de escolarización y estabilidad emocional que sufren estos menores y sus padres.
Por su parte, el obispo Taltavull mencionó la diversidad de perfiles afectados: trabajadores, migrantes, víctimas de violencia machista, personas con discapacidad, jóvenes extutelados, mayores con pensiones insuficientes o miembros del colectivo LGTBIAQ+. Todos ellos, dijo, “sueñan con una vida digna y con un futuro diferente”.
Taltavull defendió que “la vivienda debería ser un derecho y no un negocio” y pidió a las administraciones que traten el problema como una emergencia social.
Alemany, también delegado de Pastoral Penitenciaria, advirtió además de una consecuencia invisible de la crisis: muchos presos próximos a salir en libertad temen hacerlo por no tener un lugar donde vivir. “A la falta de vivienda se suma el estigma de haber estado en prisión”, señaló, recordando que se trata de una realidad que observa “a diario desde hace dos años”.
