Archivado el caso contra Gijón y Rodríguez sobre la adjudicación de la ORA

El juez que investigaba el caso ORA, en el que estaban imputados los exconcejales de Palma José María Rodríguez y Álvaro Gijón por presuntos delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación del control del aparcamiento de pago, ha archivado el procedimiento por falta de indicios.

El titular del juzgado de instrucción 12 de Palma, Antonio Garcias, ha decretado el sobreseimiento provisional de las diligencias después de que la Fiscalía haya considerado que las pruebas practicadas no han demostrado de forma indiciaria ningún delito. Una empresa personada como acusación particular no se ha pronunciado.

El juez relata en un auto hecho público este miércoles que las actuaciones, que se iniciaron en 2016, se basaban en las sospechas de que Gijón y Rodríguez "habrían cobrado unos dineros por amañar el concurso para la adjudicación del control de la ordenanza reguladora de aparcamientos (ORA) en favor de la empresa eléctrica Roig", cuyo administrador también estaba imputado.

Este empresario, así como el exconcejal del PP de Palma Gabriel Vallejo llegaron a ser detenidos en el curso de la investigación, igual que los padres y el hermano de Álvaro Gijón, puesto que un testigo les señalaba como colaboradores en el blanqueo de fondos y de una vivienda recibidas por el Gijón, entonces aforado por ser diputado autonómico.

Sin embargo, el juez subraya que en la investigación no se han confirmado estas acusaciones respecto a Álvaro Gijón, que se dio de baja del PP y se apartó de su grupo parlamentario a raíz de su imputación, igual que tampoco han quedado acreditadas sobre José María Rodríguez.

Rodríguez, exteniente de alcalde de Palma, exdelegado del Gobierno y exconseller de Interior, fue condenado el pasado junio a 3,5 años de cárcel por prevaricación en el caso Over y está pendiente de la resolución de su recurso ante el Supremo.

Sin embargo, igual que su antiguo "número dos", en el caso ORA ha quedado exonerado por falta de indicios de que ingresara comisiones por alterar el concurso público, un proceso que aunque presentara "ciertas lagunas e incidencias", no ha sido considerado manipulado por el instructor.

En el auto, el juez Garcias señala que "no ha lugar" a desvelar la identidad del testigo protegido en que se basaron buena parte de las actuaciones, porque no ha apreciado en sus manifestaciones "falsedad alguna".

En el marco de esta causa, fueron detenidas 13 personas, entre ellos dos exconcejales, ocho funcionarios de las áreas de Contratación, Intervención y Servicios Jurídicos de Cort y uno de los responsables de la UTE adjudicataria de la ORA.