El sindicato JUPOL, la organización mayoritaria en la Policía Nacional, ha denunciado públicamente la situación de diez agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que han sido desplazados desde Valencia a Palma. Estos agentes forman parte del dispositivo de seguridad estival, el cual incluye tareas relacionadas con la seguridad de la Casa Real y el Palacio de Marivent. Según el sindicato, los policías se han quedado sin alojamiento a partir desde este lunes debido a una falta de previsión por parte de la Dirección General de la Policía (DGP).
Los agentes recibieron un anticipo de dietas de la DGP que, según JUPOL, resultó "completamente insuficiente", cubriendo solo los gastos de alojamiento hasta la fecha actual. A los policías aún les restan siete días de servicio, y no tienen garantizado un lugar donde pernoctar, siendo "literalmente expulsados del hotel sin alternativa ni instrucciones claras" de sus superiores. El sindicato ha expresado que los agentes no deberían tener que financiar sus funciones de su propio bolsillo y ha calificado la situación como un reflejo del "abandono institucional sistemático" por parte del Ministerio del Interior y la DGP.
JUPOL ha señalado que este incidente no es un caso aislado, sino una consecuencia de un "colapso estructural de las cajas pagadoras" que afecta a todo el país, así como de un Real Decreto de Dietas considerado "completamente desactualizado". El sindicato ha manifestado que llevan meses denunciando una "falta de previsión, de liderazgo político y de voluntad de solucionar los problemas reales de los policías", lo que ha generado un "desgobierno sin precedentes". Las dietas actuales son consideradas insuficientes y no se ajustan al costo real de vida, especialmente en lugares como Baleares durante la temporada alta, agravándose la situación cuando los adelantos no llegan a tiempo o se tramitan a través de un sistema obsoleto.
Ante esta situación, JUPOL exige una solución inmediata para los diez agentes en Palma, que incluya alojamiento digno y recursos suficientes hasta el fin de su servicio. Asimismo, demandan la actualización urgente de las dietas para adaptarlas al coste real de cada destino y una reforma y modernización del sistema de cajas pagadoras, con fondos adecuados y protocolos de emergencia. El sindicato también solicita que se depuren responsabilidades políticas y administrativas por lo que describen como "improvisación y abandono institucional", y no descartan iniciar acciones legales y movilizaciones sindicales a nivel nacional si no se obtienen soluciones.
