La expresidenta del Parlament balear Maria Antònia Munar ha solicitado la suspensión del juicio del caso Can Domenge, cuyo inicio está previsto el 5 de junio, a raíz de las "inesperadas" revelaciones efectuadas por el exconseller insular Bartomeu Vicens, quien la implicó en el presunto cobro de un soborno millonario a cambio de la adjudicación de los terrenos palmesanos de Can Domenge a la mercantil Sacresa por parte del Consell, institución que entonces ella presidía.
Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de Munar, Gabriel Garcías, señala que ante la reciente confesión de Vicens resulta "indispensable" la práctica de una información suplementaria en la que se escuche a todas las partes afectadas, de modo que acusaciones y defensas puedan solicitar la prueba de prácticas que estimen pertinentes al respecto.
Amparándose en el artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) a la necesidad de que se practiquen "nuevos elementos de prueba o alguna sumaria instrucción complementaria" en caso de que "revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones sustanciales en los juicios", el abogado asevera que las revelaciones de Vicens "cambian radicalmente la estrategia para una correcta y seria defensa".
Tanto es así que, según Garcías, de no suspenderse la vista oral "causaría inefensión" a su patrocinada. Del mismo modo, la defensa ha interpuesto un recurso contra el registro practicado la pasada semana en su vivienda de Costitx, al alegar que, durante la diligencia, un representante de la Fiscalía "pudo observar durante largo tiempo los argumentos de defensa" que su defendida tenía guardados en una carpeta, viendo de este modo vulnerado su derecho a la defensa.
De igual forma, señala Garcías en el recurso de reforma y subsidiario de apelación, la Policía se incautó de recortes de prensa de noticias "que iban a ser usados en la elaboración de la defensa".
Finalmente, el abogado asevera que, incluso, los investigadores se incautaron de documentos que no guardan relación alguna con las pesquisas, como una factura de la reforma de la casa de 1995, la declaración responsable del inicio de actividad turística de 2013 para una vivienda vacacional, cartas enviadas por Vicens desde prisión -en la que cumple condena por otra causa de corrupción- y otras misivas dirigidas por Munar al exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, al exdelegado del Gobierno Ramón Socías, al Fiscal Superior de Baleares Bartolomé Barceló, al expresidente del Govern Francesc Antich y al exsecretario de Estado de Turismo Joan Mesquida.
En declaraciones a Europa Press, Munar ha apelado a la necesidad de que se proceda a la suspensión del juicio debido a que las nuevas confesiones aluden "a un cohecho" y a que se habría manipulado el concurso por el que los terrenos de Can Domenge fueron adjudicados a Sacresa por treinta millones de euros, la mitad, según las pesquisas, de su valor en el mercado y de lo que ofrecía Núñez y Navarro, querellante en este proceso. "Ante este hecho tan grave la Ley permite que se pida una suspensión", ha recalcado en este sentido.
MUNAR: "LO QUE HAN HECHO HA SIDO IMPEDIR MI DEFENSA"
En lo que al registro de su domicilio se refiere, la exdirigente histórica de Unió Mallorquina (UM) ha manifestado que "lo que han hecho con ello es impedir mi defensa, porque tenía todo lo de Can Domenge preparado, con las respuestas a cada una de las cosas que se decían en el escrito de acusación, y ya saben lo que voy a contestar". "Es una vulneración clarísima al derecho de defensa", ha recalcado al respecto.
Según confesó recientemente Vicens mediante un escrito, tanto Munar como el exvicepresidente de esta institución Miquel Nadal, el propio Vicens y UM percibieron, como soborno por la adjudicación supuestamente irregular de los solares, hasta un total de cuatro millones de euros como soborno. Unas afirmaciones que dieron lugar a la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción y a los registros de las viviendas de la expresidenta del Parlament y de Nadal, sin que se hallase en ellas rastro del dinero que presuntamente cobraron por el amaño del proceso.
Todo ello después de que así lo ordenase el juez de guardia, Juan Pedro Yllanes, tras la denuncia remitida ese mismo día por el Ministerio Público a raíz de las confesiones realizadas por Vicens y de la entrega ante la Audiencia Provincial de Baleares de 160.000 euros del cohecho investigado.
El día 5 de junio está previsto que arranque, tras más de cinco años de que estallase su operación policial, el juicio del caso Can Domenge, que a lo largo de ese mes y principios de julio sentará por segunda vez en el banquillo a Munar, junto a Nadal, Vicens y el también exconseller insular Miquel Àngel Flaquer, quienes serán juzgados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Para cada uno de ellos, el Ministerio Público solicita seis años de prisión.
