En la impugnación, la abogada Pilar Gómez Pavón, que ya asistió al exministro durante la tramitación del recurso de casación que éste interpuso ante el TS contra su condena inicial de seis años de prisión -posteriormente rebajada a los nueve meses-, combate los argumentos expuestos por la Audiencia, que apuntaba a la "peligrosidad criminal" de Matas "entendida como la derivada de la gravedad, naturaleza y entidad de los hechos por los que fue condenado".
En este sentido, la letrada arguye que si por el delito de tráfico de influencias el Alto Tribunal condenó a su patrocinado a nueve meses, cuando este tipo penal contempla una pena de entre seis meses y dos años de prisión, será porque el tribunal "no vio tan graves los hechos", según ha apuntado la abogada en declaraciones a Europa Press.
Además, rebate el concepto de "peligrosidad criminal" al recalcar que, puesto que Matas ya no ostenta ningún cargo público, no hay riesgo de que pudiera cometer delito alguno contra la Administración pública.
Y es que, después de que el TS rebajase la condena que pesaba sobre Matas por los beneficios económicos que de forma irregular obtuvo el redactor de sus discursos, Antonio Alemany, los magistrados recuerdan que aún así pesa sobre el expresidente un delito contra la Administración pública y "de corrupción o distorsión del buen funcionamiento que debe presidir la Administración".
"Que se produzca un abuso de poder para beneficiar a un particular es una conducta delictiva grave y, en mayor medida, si es directamente cometido por la máxima autoridad de la Comunidad Autónoma", recalca el tribunal, aseverando que los hechos llevados a cabo por el condenado "revelan una conducta delictiva gravemente antisocial, prevaliéndose de su alto cargo público".
Gómez Pavón refuta asimismo otra de las alegaciones de la Sección Primera, que incide en la existencia de otros procedimientos judiciales pendientes contra Matas. Al respecto, asevera que todas estas causas derivan del caso Palma Arena, en varias de cuyas piezas se encuentra imputado el exlíder del PP balear, y habría que "ver qué delitos se le imputan". Tampoco comparte el argumento de que el encausado deba "arrepentirse" por los hechos, cuando el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del TS aún no ha sido resuelto.
