Massot, Mir y Gibert vuelven hoy al banquillo por amparar la conversión de unas ruinas en viviendas de nueva planta

El exjefe de Urbanismo de Andratx y exdirector general de Ordenación del Territorio del Govern Jaume Massot, el exasesor jurídico del municipio mallorquín Ignacio Mir y el excelador Jaume Gibert volverán este lunes al banquillo de los acusados, en el marco de la pieza 5 del caso Andratx, por haber permitido que las ruinas que había en terreno protegido se convirtiesen en viviendas de nueva planta, "obviando torticeramente el contenido de la Ley".

Se trata de unos hechos por los que la acusación particular, ejercida por los letrados Josep de Luis e Isabel Fluxà en representación del Consistorio 'andritxol', reclaman seis años de cárcel para Massot -por presuntos delitos de falsedad, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio- y dos para Mir -prevaricación y contra la ordenación del territorio- y Gibert -falsedad y contra la ordenación del territorio-.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel para Massot- quien cumple condena en el centro penitenciario de Palma por otros dos flecos de la causa- por los mismos ilícitos penales, cuatro meses para Gibert y seis para Mir, quien ya fue condenado en firme a un año de prisión por la construcción de la vivienda del exalcalde Eugenio Hidalgo con licencia de nave agrícola.

Junto a ellos también se encuentran acusados quien fuese propietaria de los solares Antonia Bonet; los compradores de los mismos Antonio Nieto y Antonio Portell; y los arquitectos Neus García, Carlos Salto, Fernando Ferreira y Bartolomé Nicolau, en el marco de un juicio que arrancará a las 9.30 horas y, en principio, está fijado para este lunes, martes, jueves y viernes.

Las acusaciones, en sus escritos de calificación, relatan cómo la propietaria vendió sus terrenos en 1999, no sin antes solicitar licencia de rehabilitación de la supuesta vivienda que allí había ubicada -pese a que sólo existían unas ruinas-, para lo cual fue presentado un proyecto básico por parte de varios de los arquitectos acusados que, falseando la realidad, apuntaban a la existencia del inmueble para posibilidad la concesión de la licencia.

Unos trámites que posibilitaron finalmente que el permiso fuese otorgado, lo que aumentaba considerablemente el valor de venta de las parcelas y un beneficio para la propietaria. Las licencias fueron informadas favorablemente tanto por Massot como por Mir, en lo que constituía, según la acusación particular, "el procedimiento habitual en el Ayuntamiento, bajo las directrices del señor Massot, para que las ruinas pudieran convertirse en viviendas de nueva planta".

Tras ello, relata su escrito de calificación, al que tuvo acceso Europa Press, la nueva propiedad solicitaron en 2002 el cambio de titularidad de las licencias, presentando para ello un proyecto de ejecución que incluía "las mismas falsedades que el anterior" a fin de "dar cobertura de legalidad a la construcción de unas viviendas prohibidas por disposición legal". Todo ello con el "pleno conocimiento" de los promotores, quienes "admitieron que sabían que se iban a derrumbar íntegramente las ruinas y hacer nuevas cimentaciones".