Los juzgados baleares redujeron un 10,15 % los asuntos pendientes en 2012

Los órganos judiciales de Baleares tenían 76.775 asuntos pendientes de resolución a 31 de diciembre de 2012, lo que supone un descenso del 10,15 % respecto a 2011, logrado porque, a pesar de un aumento del 2,62 % en litigios registrados, también han aumentado los resueltos por los jueces en un 6,23 %.

Los datos pertenecen a la "Memoria de 2012 del Estado, Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares" (TSJIB) que ha dado a conocer hoy su presidente, Antonio Terrasa, que ha destacado que aunque hayan ingresado más asuntos en 2012 "el hecho de que los jueces hayan tenido capacidad de resolver más cantidad, ha dado pie a que se haya podido recuperar pendencia en un 10,15 %".

Terrasa ha subrayado que "es significativa la reducción de asuntos pendientes aunque no se traslade a que el ciudadano lo perciba" y a pesar de que el remanente de asuntos pendientes es "importante", con esos 76.775.

En 2012 ingresaron en los juzgados 228.876 asuntos, pero se resolvieron más, un total de 239.988. La reducción de asuntos pendientes del 10,15 % consolida el descenso iniciado en 2011 cuando hubo una bajada del 6 %. En 2010 aumentaron un 8,9 %, en 2009 el crecimiento fue del 5,3 % y en 2008 del 12,8 %.

Baleares está por encima de la media estatal en número de jueces por 100.000 habitantes, con 11,7 frente a la media nacional de 11; pero también se sitúa por encima en tasa de litigiosidad, con 200,4 asuntos frente a los 191,6 de promedio estatal.

La carga de litigiosidad se refleja especialmente en las secciones penales de la Audiencia Provincial de Palma, según el presidente del TSJIB, que son las que juzgan asuntos más complejos, como juicios largos y por corrupción, son "los órganos que tienen una situación más difícil" y sus jueces son los que solicitan traslado con más frecuencia.

Para tratar de solventarlo, están aprobadas tres plazas de magistrados de refuerzo para las secciones penales de la Audiencia Provincial de Palma, dos de ellas con jueces de carrera (en comisión de servicios) que se incorporan en abril.

Entre los nuevos asuntos que han ingresado, los que más han aumentado son los penales, con un 4,06 % más y 168.283 en total, y los que más han disminuido son los contencioso-administrativo con un 18,45 % y 3.372, y los de lo Social, un 9,04 % menos, y 7.856.

En cuanto a los resueltos, los de lo contencioso-administrativo han aumentado un 8,32 % y un 7,69 % los de lo penal con 174.997.

En conjunto, los datos se traducen en que la jurisdicción civil tarda algo más de 6 meses para resolver un asunto, penal cerca de dos meses (0,18), contencioso-administrativo un año y los que dan una respuesta más retardada son los órganos de lo Social que tardan 1,4 años como promedio.

Entre los asuntos vinculados a la crisis, en los juzgados de lo Mercantil de Palma, los concursos de acreedores voluntarios han sido 221, un 4,7 % menos que en 2011; y los necesarios 60, un 41,7 % menos, "un reflejo directo de la situación económica", en opinión de Terrasa.

En lo Social han aumentado significativamente los asuntos por despido, de 1.764 a 1.891, un 7,9 %. Como no se celebran los juicios "con unos plazos razonables", se han reforzado con un juez que pueda celebrar juicios por despido. Las reclamaciones por prestaciones de la Seguridad Social han pasado a 1.148 de 1.003, un 12,6 % menos.

Las ejecuciones hipotecarias han aumentado un 32 %, hasta 1.402 en Baleares.

En cuanto a las carencias, son las mismas que en 2011 porque no se han creado órganos judiciales en ningún lugar de España: un magistrado de los social, la creación de una sección penal en la Audiencia Provincial con tres plazas, más juzgados de Primera Instancia en Palma e Ibiza, un juzgado de ejecutorias en Palma, uno contencioso-administrativo, dos sociales y un mercantil más.

Sobre los refuerzos, están aprobadas las tres plazas de magistrados penales de la Audiencia de Palma, que se incorporan en abril; otra para el juzgado de instrucción número 3 de Palma, una para Penal de ejecutorias número 8, dos para los juzgados de lo Mercantil de Palma y uno de apoyo para los cuatro juzgados de lo Social de Palma.