A petición de la Fiscalía Anticorrupción

La jueza decreta prisión sin fianza para el líder de una entidad por percibir 43.000 euros públicos sin justificar

La magistrada, quien se encontraba en funciones de guardia, atendió de este modo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción tras la declaración que se le tomó durante la tarde de este lunes al líder de la entidad investigada, Emili Gallardo, quien durante la madrugada ingresó en las dependencias del centro penitenciario de Palma.

ondacero.es

Baleares | 27.03.2013 00:00

La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, decretó esta madrugada prisión provisional sin fianza para el coordinador de una entidad afín a la formación nacionalista PSM, por el cobro de unos 43.000 euros presuntamente sin justificar desde el departamento de Cultura del Consell de Mallorca durante la pasada legislatura, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

La magistrada, quien se encontraba en funciones de guardia, atendió de este modo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción tras la declaración que se le tomó durante la tarde de este lunes al líder de la entidad investigada, Emili Gallardo, quien durante la madrugada ingresó en las dependencias del centro penitenciario de Palma.

Según las mismas fuentes, la jueza acordó además esa misma jornada levantar el secreto que pesaba sobre estas actuaciones, derivadas de una denuncia interpuesta por el Ministerio Público por los supuestos pagos otorgados 'a dedo' a la entidad El Camí por trabajos que estarían relacionados con rutas senderistas.

Sobre estos hechos, la diputada del grupo parlamentario MÉS (coalición antes conocida como PSM-IniciativaVerds-Entesa y Més per Menorca) Joana Lluïsa Mascaró negó que cuando ella dirigía el departamento de Cultura durante el pasado mandato se otorgasen 43.000 euros de forma directa.

Así, justificó que se adjudicaron 18.000 euros por un contrato menor de forma directa, lo que está contemplado por la Ley, mientras que el resto de la cuantía se abonó mediante la convocatoria de un expediente al que podían optar tanto la asociación indagada como otras entidades, según puso de manifiesto.