El exalto cargo del PP fue citado después de que el pasado martes Castro acordase mediante un auto el archivo de la imputación que pesaba sobre Fiol así como la del propio Calatrava.
De forma paralela, el magistrado también sobreseyó las investigaciones -que constituyen la pieza número tres de las 27 que integran el caso Palma Arena- para el exsecretario general de la Conselleria de Educación y Cultura Sebastián Vanrell y el exgerente del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), Andreu Obrador.
Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 mantiene en estas pesquisas la imputación del propio Matas, quien, según Calatrava, fue la persona que solicitó sus servicios para realizar un desarrollo inicial de la remodelación del Moll Vell que culminase con el levantamiento de un teatro de la Ópera, lo que fue perfilándose en varias reuniones de trabajo en la sede del Ejecutivo autonómico, en las que estuvieron presentes tanto Matas como el arquitecto y su equipo.
El ingeniero valenciano negó en su día que el anterior Govern del PP le favoreciese de forma irregular al adjudicarle, por encargo de Matas, la elaboración del anteproyecto, al tiempo que rechazó tajante haber pagado comisiones por recibir este encargo.
De hecho, su defensa alegó que es "habitual, y así lo permite la Ley de Contratos del Estado", que este tipo de desarrollos urbanísticos se lleven a cabo mediante un procedimiento de adjudicación directa y no por medio de un concurso público, "cuando se quiere contratar a un arquitecto de la singularidad y creatividad de Calatrava".
Por su parte, Fiol, quien el pasado mes de enero cursó su solicitud de sobreseimiento, ha defendido hasta el momento la legalidad con la que se efectuó el expediente de contratación de Calatrava, cuya tramitación fue llevada a cabo por el Ibisec, dependiente de la Conselleria de Educación, negando por tanto que incurriese en delito alguno en el marco de este procedimiento administrativo.
De hecho, en su declaración ante el juez, el 11 de febrero de 2011, el exconseller aseguró que la forma en que se tramitó el expediente estaba "perfectamente prevista" en la Ley y, de hecho, contó con un informe externo favorable, el de dos arquitectos del Ejecutivo balear y el de "la misma abogacía de la Comunidad Autónoma que está personada como acusación particular en este proceso".
