Los investigadores continúan sin hallar los fondos que presuntamente percibieron la expresidenta del Parlament balear y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, el exvicepresidente de esta institución Miquel Nadal y el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, como soborno por la adjudicación supuestamente irregular de los solares palmesanos de Can Domenge, tras haber registrado de nuevo, a lo largo de esta mañana, la vivienda de la exdirigente histórica de Unió Mallorquina (UM).
Según han señalado a Europa Press fuentes de la investigación, declarada secreta por el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, la Policía Judicial y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach sí han hallado durante el allanamiento documentos que certificarían las relaciones que Munar habría establecido con Vicens de cara a lograr el presunto amaño del concurso por el que la venta de los terrenos acabó en manos de Sacresa por unos treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la mercantil Núñez y Navarro, querellante en el caso Can Domenge.
El registro de este martes, que ha finalizado en torno a las 13.30 horas, se suma a los practicados este lunes también en la vivienda de Munar de Costitx y en la que posee en el Paseo Marítimo de Palma, así como en el domicilio de quien fuese su delfín político Miquel Nadal. Todo ello después de que así lo ordenase el juez de guardia, Juan Pedro Yllanes, tras la denuncia remitida ese mismo día por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las confesiones realizadas por Vicens y de la entrega ante la Audiencia Provincial de Baleares de 160.000 euros del cohecho investigado.
Según las pesquisas y de las declaración arrojada por el exconseller insular, la cantidad global del soborno ascendería a cuatro millones de euros, que habrían sido repartidos entre Munar, Nadal, el propio Vicens y la extinta UM, desaparecida a raíz de los numerosos casos de corrupción que pesaban sobre sus espaldas.
Precisamente, el próximo 5 de junio está previsto que arranque, tras más de cinco años de que estallase su operación policial, el juicio del caso Can Domenge, que a lo largo de ese mes y principios de julio sentará por segunda vez en el banquillo a Munar, junto a Nadal, Vicens y el también exconseller insular Miquel Àngel Flaquer, quienes serán juzgados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Para cada uno de ellos, el Ministerio Público solicita seis años de prisión.
Con más de 7.000 folios de sumario y otros tantos de expediente administrativo relativo a la adjudicación de los terrenos, la causa será juzgada en concreto los días 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20 y 21 de junio y del 1 al 5 de julio.
En concreto, sobre los excargos 'uemitas' pesan los presuntos delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, pese a que la acusación pública no les atribuye ningún delito de malversación de caudales públicos, ilícito que sí mantienen tanto Núñez y Navarro como el Consell, personados como acusación particular.
Los escritos de acusación también se dirigen contra Santiago Fiol, abogado asesor Sacresa considerado "correa de transmisión" entre la empresa y el Consell, y contra el principal accionista de Sacresa, Román Sanahuja, quien presuntamente dirigía la preparación del concurso.
MUNAR NO PUDO "DESENTENDERSE" DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
En relación con Munar, la jueza que instruyó la causa, Carmen González, ya apuntó que la enajenación de Can Domenge "no era un asunto más que pudiese pasar por alto a la presidenta", apreciando "indicios bastantes" de que "por razón de su cargo, la influencia y poder que ejercía sobre los consejeros directamente implicados" y por su "participación en las reuniones en que se fijaban aspectos esenciales" del proceso, "participó en los hechos aviniéndose a la forma y elementos del concurso".
Es más, aseveraba que la competencia para adjudicarlo correspondía a la propia Munar, de tal forma que pese a estar ausente por enfermedad en el pleno en que se aprobó la enajenación "no cabe pensar que se desentendiese del asunto".
Sin embargo, la expresidenta insular no es la única contra la que cargaba González al recalcar, en el caso de Nadal, que tuvo una intervención "personal y activa" en la desafectación de los terrenos y participó de forma directa en la transmisión de información a Sacresa, además de firmar el decreto de aprobación del expediente de contratación para la enajenación, el 30 de diciembre de 2005.
Es más, Núñez y Navarro destacaba que el hecho de que el pleno del Consell asumiese la enajenación de los terrenos palmesanos no fue más que una "maniobra" de Munar para "diluir" su responsabilidad en este proceso, consciente de la "flagrante ilegalidad" que estaba "perpetrando" junto a otros exaltos cargos de la Institución también imputados en esta causa.
Cabe recordar que sobre Munar ya pesa una condena de cinco años y medio de cárcel por desviar, junto a Nadal -quien fue sentenciado a dos años y siete meses-, un total de 240.000 euros a la productora que ambos controlaban mediante testaferros mientras eran máximos responsables del Consell. Nadal es, además, el exalto cargo público de Baleares que se encuentra imputado en un mayor de casos: se trata, además de Can Domenge, de Voltor, Maquillaje, Son Oms, Llompart, Ibatur y un séptimo centrado en la presunta financiación ilegal de UM.
