Tribunales

Hoy arranca el juicio Ca'n Domenge en el que la Fiscalía pide seis años de cárcel para Maria Antònia Munar

La Audiencia Provincial de Palma acoge hoy la primera jornada del juicio Ca'n Domenge, en el cual se sentarán en el banquillo, entre otros, la expresidenta del Parlament Balear, Maria Antònia Munar, el ex vicepresidente del Consell de Mallorca, Miquel Nadal, y los ex consellers Bartomeu Vicens i Miquel Àngel Flaquer. No obstante, el juicio podría quedar suspendido a petición de Munar, que cambió de abogado hace sólo dos días.

ondacero.es

Palma | 05.06.2013 00:00

Junto a ellos también están acusados Santiago Fiol, abogado asesor de Sacresa considerado "correa de transmisión" entre la empresa y el Consell, y el propietario de Sacresa, Román Sanahuja.

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares será el encargado de juzgar a los seis acusados en este proceso judicial, plasmado en más de 7.000 folios de sumario y otros tantos de expediente administrativo relativos a la venta de los terrenos palmesanos a Sacresa por treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la empresa querellante Núñez y Navarro. En un principio, el juicio está fijado a lo largo de este mes y los primeros días de julio.

Sin embargo, ha sido recientemente cuando ha salido a la luz, en base a la confesión tanto de Vicens como del máximo accionista de Sacresa, el móvil que habría llevado a manipular el concurso para la adjudicación de Can Domenge: el pago de cuatro millones de euros como soborno por la mercantil beneficiaria.

De hecho, este mismo martes Sanahúja confesó mediante un escrito que abonó el cohecho a cambio de que la mercantil resultase adjudicataria del solar, tras acceder a la exigencia del dinero por parte del Nadal, quien, según su versión, habría conminado a la empresa catalana a abonar el soborno a cambio de garantizar la concesión a su favor.

En su confesión escrita, la defensa de Sanahúja asevera que el entonces vicepresidente del Consell contactó con la mercantil para garantizarle que no se cambiaría de criterio "si se pagaba la cantidad de cuatro millones de euros en efectivo", a pesar de que las ofertas para el proceso adjudicatario ya estaban presentadas e incluso cuando ya estaba tomada la decisión de que Sacresa había presentado la mejor postura.

 

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