El Govern asegura que la Justicia avalará los despidos en empresas públicas

El Govern está seguro de que la Justicia acabará avalando el despido de personal indefinido no fijo en empresas públicas llevado a cabo esta legislatura, a pesar del "cambio de criterio del tribunal de los social" que ha decretado la nulidad de la supresión de alguno de estos puestos de trabajo.

El conseller de Presidencia, Antonio Gómez, ha asegurado hoy que el ejecutivo está dispuesto a defender la "amortización" de estos empleos hasta el final y a recurrir, si es necesario, ante el Tribunal Supremo, del que se deriva una jurisprudencia "muy sólida" que a su juicio refuerza su postura.

Gómez ha hecho hincapié en que los trabajadores despedidos sin indemnización por supresión de sus puestos de trabajo en empresas públicas accedieron a sus empleos sin pasar "por ningún proceso selectivo" que garantizase el respeto a los principios legales de "igualdad, mérito y capacidad".

El conseller, que ha dado estas explicaciones en respuesta a una pregunta del diputado de MÉS Nel Martí, ha reprochado a los partidos de izquierda que incorporaran a numerosos trabajadores al sector público cuando gobernaban en la pasada legislatura y que, cuando comenzó la crisis, no suprimieran plazas superfluas pese a saber que era necesario hacerlo.

"Mayor incoherencia imposible", ha acusado Gómez, para quien la crítica de la oposición "ni tiene pies ni tiene cabeza".

Martí ha asegurado que ya hay tres sentencias que obligan al Govern a indemnizar o reincorporar a trabajadores despedidos cuando ocupaban plazas amortizadas de empresas públicas como indefinidos no fijos.

El representante de MÉS ha acusado al Govern de vulnerar los derechos laborales y ha advertido que si mantiene su intención de recurrir hasta la última instancia y la Justicia falla en su contra podría ocasionar un coste de 40 millones de euros a las arcas autonómicas.

En la misma línea, la diputada socialista Pilar Costa ha pedido explicaciones sobre las anulaciones judiciales de algunos despidos al conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, a quien ha recriminado que presente recursos para ganar tiempo con el fin de que "sea un nuevo Govern el que tenga que pagar lo que digan los tribunales".

"Reestructurar el sector público no quiere decir saltarse la ley", ha incidido Costa.

Como el conseller de Presidencia, Gornés ha recordado que los trabajadores indefinidos no fijos despedidos no habían accedido a sus plazas mediante oposición.

El conseller ha defendido el proceso de amortización de empleos en empresas públicas que dirige la Oficina de Control Presupuestario para hacer frente a "una situación heredada muy complicada y difícil".